Presiones, malos tratos e, incluso presuntos actos de tortura han sido denunciados por víctimas y servidores públicos contra la fiscal de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ana Alicia Casillas Hurtazo, en las investigaciones y pese a ello, hasta el 1 de julio de 2023, dicha fiscalía logró la judicialización de 23.90% de los casos.
La Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha logrado judicializar este año mil 126 carpetas de investigación contra agresores, pero de ese número, sólo 593 fueron vinculaciones a proceso.
Dicha fiscalía, al mando de Ana Alicia Casillas Hurtazo, quien fue acreedora a una recomendación en 2018 por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cuando era Ministerio Público de esa misma fiscalía, únicamente registró esas carpetas, según la respuesta a una solicitud de transparencia.
Esto representa un porcentaje de 52.66% de los asuntos judicializados. Fuentes señalan que existen conductas cometidas por la fiscal en las que pide a su personal judicializar más carpetas iniciadas.
Su manejo criminal ha llevado a una de las fiscalías más relevantes y delicadas de la Ciudad de México a un punto de quiebre en donde se revictimiza de manera constante a las víctimas, cuestionando su dicho para acomodarlo a sus intereses y aumentar sus estadísticas institucionales, solicitándoles que narren hechos falsos.
Asimismo, exige a los servidores públicos dejar su criterio jurídico a un lado para acatar instrucciones que ponen en riesgo sus carreras profesionales e integridad ética, bajo la amenaza constante de que si no cumplen con sus instrucciones serán removidos de su cargo y todo ello con la finalidad de cumplir una “cuota” de asuntos judicializados, dejando a un lado el verdadero objetivo de un área de impartición de justicia: la verdad.
La información consultada refiere que desde que Casillas Hurtazo se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se realizaban prácticas que fueron señaladas en la recomendación 5/2018 por haber obligado por medio de golpes, insultos y amenazas a que una mujer se declarara culpable, lo que acredita su lema “cuadrar todo, inventar lo que sea”.
En el expediente CDHDF/1/121/IZTP/13/D4591, la CDHCM pidió reabrir la investigación relacionada con las actuaciones de la fiscal Ana Alicia Casillas Hurtazo, a efecto de que se indagara sobre su responsabilidad penal vinculada con actos de tortura, malos tratos, detención arbitraria e ilegal, así como omisiones en la defensa adecuada al debido proceso y acceso a la justicia.
En 2022, se judicializaron 2 mil 223 carpetas, de las cuales sólo mil 162 fueron vinculatorias a proceso, según los datos proporcionados vía transparencia.
En la solicitud de información, la Fiscalía General de Justicia dijo no contar con datos desagregados para saber cuántas carpetas han recibido sentencia, por lo que reiteró no contar con las cifras.
Fuentes señalaron que existen audios internos de la institución en los que la fiscal pide que se judicialicen más carpetas, lo que pone al personal en problemas, pues se dejan de hacer actos de investigación.
Según las fuentes, se han reportado múltiples quejas por parte de usuarios y servidores públicos respecto de las anomalías llevadas a cabo por la maestra Ana Alicia Casillas Hurtazo.
En los audios se puede escuchar cómo la titular del área de delitos sexuales exige a sus ministerios públicos judicializar por lo menos cuatro carpetas de investigación a la semana, se encuentren o no probados los hechos denunciados.
Las conductas cometidas que han sido reportadas por las víctimas son insultos, gritos, conductas discriminatorias, y la toma de represalias en contra de víctimas, imputados y personal ministerial.
