San José del Rincón, Méx.— Los habitantes de San José del Rincón no quieren hablar con extraños, temen porque la presencia de grupos del crimen organizado es evidente, tanto que ellos deciden el precio del pollo, materiales de construcción, cuándo y cómo se divierte la gente, si hay ferias e incluso quién gobierna.
En el lugar, la pobreza no mejora, los programas sociales estatales y federales llegan de a poco, se quedan entre unos cuantos, dicen, de modo que la calidad de vida en este municipio colindante con Michoacán no prospera.
Esta comunidad es una de las que presenta mayor rezago social en el Estado de México, en donde destacan carencias como seguridad social, servicios básicos de vivienda y rezago educativo, de acuerdo con el último Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2021, elaborado por la Secretaría del Bienestar. En esta demarcación hay una población de 99 mil 587 habitantes, quienes viven en un alto grado de rezago social y pobreza.
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Sin embargo, ahora también se enfrentan a grupos del crimen organizado dispuestos a extorsionar a quienes menos tienen. Es por ello que la población participó en una protesta inédita el domingo 14 de agosto, la cual terminó en la quema de la casa de la alcaldesa panista Ana Vázquez, el aserradero del exalcalde José Rangel y patrullas municipales, que “de nada sirven, no nos cuidan”, coinciden los pobladores.
Ha pasado una semana de los disturbios en los que un grupo de habitantes demandaron a las autoridades locales establecer “verdadera seguridad en el municipio”, pues no sólo son víctimas de extorsión por parte de los grupos del crimen organizado, también de los trabajadores del ayuntamiento, quienes establecieron costos excesivos en algunos impuestos, y que los habitantes no están dispuestos a pagar, pues no cuentan con ingresos suficientes.
Los pobladores demandan protección de la Guardia Nacional (GN) y piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga, que los voltee a ver, porque “él dijo que iba a ayudar a los pobres y nosotros no podemos ser más pobres”, señala una de las pocas señoras que accede a platicar con EL UNIVERSAL, bajo condición de no difundir su nombre.
Para algunas autoridades, como Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, la situación es preocupante, pues junto con éste, al menos 15 gobiernos municipales del sur y norte de la entidad están infiltrados por el crimen organizado.
“Eso está identificado en municipios del sur, por ejemplo, Tejupilco, Sultepec, Tlatlaya y Amatepec, sabemos que hay también en el norte, como es el caso de Jilotepec, San Felipe del Progreso, San José del Rincón e Ixtlahuaca”, dice.
Afirma que lo más preocupante es la falta de actuación por parte de la autoridad encargada de la seguridad, pues no sólo llegó tarde, sino que ofreció una solución ya pasados los hechos violentos, en los que fueron identificadas personas encapuchadas que podrían ser infiltrados.
Asediados por el crimen organizado
Este municipio alberga uno de los tres santuarios de la Mariposa Monarca del Estado de México, mismo que, dicen, está por desaparecer, pues la tala ilegal por parte de La Familia Michoacana ha acabado con los oyameles, pero los ejidatarios prefieren guardar silencio.
“En este lugar todos sabemos quiénes somos, y quiénes son los que nos apuntan con el dedo para ponernos con la mafia, pero no vamos a decirlo, esto cada vez está peor y convencen a los jóvenes. En este sitio [de taxis] estamos seguros que dos o tres son halcones, pero no vamos a investigar quién, ¿para qué?”, dice uno de los operadores de transporte público, quien pide revisar el equipo de los reporteros para verificar que no se viera su rostro.
“Ustedes disculparán, pero aquí no se sabe quién viene y nos toma fotos y mañana nos sacan lo poco que ganamos o nos ponen precio”, argumenta.
La tala ya no es el mayor de los problemas, coinciden los habitantes, pues “aquí no hay día que dejen de venir los grupos [de delincuentes], nos dicen a cómo debemos vender el pollo, en cuánto nos ponen el cemento, la varilla, hasta el agua nos dicen de a cómo venderla y no se diga la tortilla o el maíz”, comenta una de las señoras que pide no ser fotografiada porque ya ha perdido hijos, víctimas de la inseguridad.
De los casi 100 mil pobladores de San José del Rincón, se estima que 45% viven en pobreza moderada y 19% en pobreza extrema.
La Federación determinó, con base en la información del Coneval, que 80% de la población no tiene acceso a seguridad social. Otros carecen de acceso a servicios básicos como agua y drenaje.
“Por eso estamos decididos a defender lo que nos pertenece, aquí lo que heredamos, además de la ignorancia, son nuestras tierras, que son prósperas y en donde con mucho esfuerzo construimos nuestra casa que le vamos a dejar a nuestros hijos, donde viven nuestros nietos, y ahora ¿ya ni eso podremos hacer?, ¿nos tenemos que quedar quietos mirando cómo se lo llevan todo?”, cuestionan algunos locatarios del primer cuadro.
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Aunque en el pueblo nadie quiere hablar, la gente apenas saluda, se esconden, piden acreditar la procedencia de las personas y de la seguridad, menos se habla, porque nunca se ha visto.
“Nosotros estamos convencidos de que no hay seguridad y que la gente está hasta la madre de esto, pero mire, esta arma que me ve colgando no tiene balas desde el año pasado y los que protestaron son familia, vecinos, amigos, compadres. Si el comisario se fue, ¿qué esperan que hagamos la tropa?”, reprocha uno de los efectivos, quien junto con varios más esperan instrucciones, pues el comisario Adán Roldán no volvió desde el domingo 14 de agosto, cuando salió del pueblo junto con toda su familia.
El ayuntamiento apenas abrió sus puertas el jueves, al lugar llegaron las secretarias, quienes esperan conocer el futuro de la administración, pues los regidores y la alcaldesa no han regresado.
Las protestas violentas registradas el pasado domingo fueron producto de presuntas extorsiones de un grupo criminal que recrudecieron en marzo contra comerciantes, transportistas del servicio público y de carga, así como, población en general, especialmente aquellos con familiares en el extranjero, pues esta demarcación es una de las principales expulsoras de migrantes hacia Estados Unidos.
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