Chilpancingo.— La noche del 5 de febrero de 2018, Édgar Saúl, alías El Pipas, llegó acompañado de otro hombre al restaurante de Pamela Montenegro del Real, en la colonia Costa Azul, en Acapulco. Estaba cerrado. Les dijeron que no había servicio. Pidieron que les permitieran tomar un refresco. Pasaron. Se sentaron en una mesa, tomaron bebidas. La observaron por unos minutos, hasta que El Pipas pidió permiso para pasar al baño. Al salir, se le acercó hasta donde estaba ella comiendo en una de las barras del restaurante y le disparó en dos ocasiones en la cabeza.

Pamela tenía un canal en Youtube llamado Sillón Tv, donde comenzó con su personaje de La Nana Pelucas: hacía entrevistas con políticos y crítica satírica, sobre todo al desempeño del entonces edil de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre.

Desde el asesinato de Pamela Montenegro, su familia entró a un camino espinoso, sinuoso en busca de justicia.

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El 29 de noviembre de 2022, los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, Rodrigo Ramos García (presidente), Sergio Guzmán Chávez (relator) y Reyner Ramírez Adame (tercero) absolvieron a Édgar Saúl, El Pipas, el supuesto jefe de sicarios del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) del homicidio de Pamela.

“No tomaron en cuenta todas las pruebas, todos los elementos que aportó el MP ni todos los antecedentes de este sujeto, identificado como el coordinador de sicarios del Cártel Independiente de Acapulco”, acusó el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de federal, Ricardo Mejía Berdeja, durante la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Mejía Berdeja denunció que el juez Rodrigo Ramos negó en primera instancia la orden de aprehensión por secuestro contra Édgar Saúl, sin embargo, las fiscalías de Guerrero y Sonora acudieron a un tribunal de alzada para obligarlo a emitirla.

El Pipas fue detenido en agosto de 2020 en Puebla, sigue recluido en el Cefereso número 11 de Hermosillo, Sonora, pero por ahora, sólo por el delito de secuestro.

La investigación del asesinato de la youtuber ha estado plagada de irregularidades. Comenzaron desde el día que la asesinaron: agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal del Semefo al momento del levantamiento robaron sus pertenencias y vendieron las fotos de su cadáver a la prensa. A la familia la han perseguido, hostigado, hasta obligarla a huir; las autoridades sólo han obstruido la justicia.

Ana Guerra es hermana de Pamela, ella junto con el esposo de La Nana Pelucas, Samuel Muñuzuri, han encabezado la exigencia de justicia. Hacerlo tuvo costos.

A Ana le costó su trabajo. En ese momento trabajaba en el Comité de Fortalecimiento Municipal del gobierno estatal. La entonces coordinadora Gisela Ortega Moreno la despidió y le pidió que dejara de exigir justicia.

“El despido se dio en un café, ahí pude recuperar los videos y se los presenté al gobernador [el priista Héctor Astudillo] y por eso recuperé mi trabajo”, recuerda.

Los costos han sido más altos. Una vez, regresando a Acapulco, en la terminal de autobuses, la esperaban policías ministeriales. Le pidieron que los acompañar porque habían detenido a los responsables del asesinato de su hermana.

“Me subí a la patrulla con ellos, traían uniforme y todo, no me llevaron a la agencia del Ministerio Público, me llevaron a una casa de seguridad. Ahí me tuvieron tres días. Sólo me dijeron que hiciera una llamada y me obligaron a grabar un video donde tenía que decir que nos deslindábamos de cualquier situación contra el fiscal [entonces Javier Olea Peláez]. Después ya no supe qué pasó, me desmayé y cuando desperté estaba en un centro de salud en Acapulco. Me salí, le hablé a mi mamá y salimos, junto con el hijo de Pamela de Acapulco, volvimos a los dos años. Lo que me pidieron es que ya no hablará”.

Buscar justicia ha sido más difícil de lo que esperaban, reconoce Ana, quien recuerda que durante los primeros días tras el asesinato, el entonces fiscal criminalizó a su hermana, la vinculó con una organización criminal, sin investigar. Después, Olea Pelaéz se tuvo que disculpar.

Cuenta que en la última entrevista que han tenido con un fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, “me dijo [que] sí habían mandado a matar a mi hermana por una de sus notas, pero la orden habría sido de un político, no me dijo qué político, y después técnicamente me dijo que yo me dedicara a estar tranquila, que no la íbamos a revivir, que esta gente es muy mala”.

Ahora el sistema de justicia de Guerrero le ha dado otro golpe a la familia. Los jueces absolvieron a Édgar Saúl, El Pipas, el hombre que le disparó a Pamela.

Ana lamenta que los jueces no hayan tomado en cuenta las pruebas, incluidas, las declaraciones de testigos que vieron cuando él le disparó a su hermana. “No sé cómo están estos jueces, no sé qué tan metidos están con el cártel [...] aún no han notificado, pero el MP va a apelar la sentencia”, dice. La exigencia por la justicia en el crimen de su hermana sigue.

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