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Es una verdad de Perogrullo que cada elección es la más importante. Todas las pasadas lo fueron, pero ya no. Las futuras sólo lo serán. La de 2018 será una muy especial y determinante para el país. No sólo por el número récord de puestos a elegir, sino por las implicaciones que tiene la expectativa de cambio de un amplio segmento de los electores.
Los partidos políticos y muchos analistas han percibido al ciudadano elector como sujeto pasivo, comprable y poco exigente. El análisis tenía bases en la realidad y el comportamiento. Como resultado de gobiernos que no responden a las necesidades de la gente y partidos que sólo velan por sus intereses, no pocos ciudadanos desarrollan una actitud de distanciamiento e irresponsabilidad con respecto a las consecuencias de su propio voto. Si de cualquier manera van a hacer lo mismo, no vale la pena meditar mucho el voto e incluso puede ser mejor venderlo.
En 2018 los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes cometerían un error si pensaren que ésta es una elección normal. No lo será. El elector indeciso, que terminará inclinando la balanza, anhela un cambio y comparte el sentimiento antisistémico y el sentimiento anticorrupción que se observan en otros países del mundo. Este elector está dispuesto a apostar por un cambio si algún candidato lograre capturar el anhelo de transformar la relación de la sociedad con gobierno y los partidos en el poder.
El rechazo al status quo, a las instituciones y a las élites que ha sido determinante en resultados electorales en Europa, Estados Unidos y América Latina en los últimos dos años también tiene tracción en México. Refleja una desconfianza en las autoridades así como una desesperación con respecto a la percepción de que ellas ponen poco de su parte para encarar los problemas y retos de la sociedad. Gobiernos y partidos apelan al esfuerzo del ciudadano como fuente de recursos financieros y tiempo para promover reformas y cambios, pero la clase política no está dispuesta a poner sus privilegios en la mesa para contribuir al desarrollo.
Este rechazo ciudadano, bien encauzado, puede ser un motor esencial para el cambio y la revolución que se requiere para el establecimiento del imperio de la ley, pero también puede convertirse en catalizador para dar marcha atrás a lo mucho que se ha avanzado en modernización y democratización de la sociedad y la economía y posponer el necesario avance en términos de lograr el respeto al derecho de los demás.
En México se ha logrado progresar de manera muy significativa en elementos clave y necesarios para el desarrollo sostenido e incluyente. Destacan la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales recientes y otros. Todos estos son elementos necesarios pero insuficientes para asegurar un auténtico desarrollo.
Falta lo más difícil: 1. La construcción de instituciones públicas que garanticen el Estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad pública, ejidal y privada, la seguridad ciudadana y el fin de la extendida y nociva práctica de la extorsión. 2. La legitimación de la producción de utilidades. Muchos mexicanos piensan, como resultado de la larga historia de corrupción, que la generación de riqueza es ilegítima. En la medida en que la percepción de ilegitimidad sea extendida, se justifican la extorsión y el robo y se obstaculizan la inversión y el éxito. 3. El cambio, sí, cultural, a favor del cumplimiento con la ley y la responsabilidad de todos de hacerlo. Desde no tener ni condonar “placas de Morelos”, hasta pagar todos los impuestos, y desechar la idea de que “el que no transa, no avanza”.
Sólo cuando se den estos pasos la economía experimentará tasas de crecimiento dos veces más altas de las hasta ahora observadas. La única manera de incrementar en forma sostenida la productividad de cada persona y empresa es por medio del cambio: del abandono de actividades de bajo valor agregado para emigrar a otras de más alto valor. Esta mudanza entre actividades no se puede hacer en ausencia de un contexto de estabilidad soportado por el respeto a los derechos de los demás.
Es de todos conocido lo mucho que falta por hacer en el ámbito de la administración de justicia. Habría que empezar por el final y lograr el manejo apropiado de las cárceles que se han convertido en centros de operación del crimen y un gran negocio público-privado. Pero también hay que refinar y consolidar la impartición de justicia en el nuevo sistema penal acusatorio, refundar los ministerios públicos para que tengan capacidades reales de investigación, transformar las policías para que sean instituciones respetadas que atraigan talento a sus filas, así como replantear el esquema fiscal para asegurar que los municipios sean corresponsables en la obtención y administración de recursos suficientes para brindar servicios públicos y seguridad de calidad.
Sin embargo, el ciudadano promedio intuye que estas reformas tampoco bastan ni deben divorciarse de un profundo cambio político-electoral. Una buena parte de la inseguridad, de la cultura de la extorsión, de la corrupción pública y policiaca tiene profundas raíces en el arreglo político-electoral que han construido los partidos políticos; primero el PRI con su afilado sistema clientelar y luego el PAN, el PRD, Morena y los otros partidos que lo han copiado y que han visto en los puestos y posiciones públicas una fuente importante de negocios y enriquecimiento.
No son pocos los miembros de partidos políticos que ven en los puestos municipales y estatales ocasión para el desarrollo de negocios y la práctica de la extorsión. Tampoco son pocos los dirigentes de partidos políticos que solapan, y aun estimulan, el crecimiento de la economía informal, del huachicoleo y el robo de mercancías, a cambio de recursos para promoción electoral.
Es decir, es casi imposible avanzar de manera significativa en el establecimiento del imperio de la ley sin cambiar el sistema político-electoral que mal gobierna el país. En la elección de 2018 se tendrán cuatro opciones en la boleta: PRI, Morena, Frente ciudadano por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), y algún independiente.
Cuando estas cuatro alternativas presenten sus campañas y programas de gobierno habrá que evaluar cuál estará dispuesta a reformar, de manera creíble, el sistema político del que han surgido, incluido cualquiera de los posibles independientes, para que valga la pena votar por ella. Por supuesto, existe siempre la triste posibilidad de que, otra vez, hubiere elección pero no opción.
