Hace veinticinco años, el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional aparecido en el sureño Estado de Chiapas, recordó al mundo que México estaba muy lejos de ser el país democrático que el gobierno pretendía presumir. El EZLN, un movimiento político cuya principal arma era la palabra y el uso estratégico de los medios de comunicación, generó conciencia sobre el abandono hacia los pueblos indígenas.
El movimiento indígena mexicano contribuyó a la democratización del país y logró el reconocimiento constitucional de derechos específicos. Sin embargo, al paso del tiempo, vino otra vez el olvido. Para la mayoría de ellos el ejercicio de derechos es aún una promesa incumplida.
A principios de esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer la evolución de la pobreza —en todas sus dimensiones— en los últimos diez años. Si bien es cierto que en general se logró una disminución de la pobreza extrema (de 12.3 millones a 9.3 millones de personas), también lo es que los excluidos de entonces siguen siendo los de ahora.
La comparación en el tiempo muestra que a pesar de la carretonada de recursos destinados a programas y acciones sociales, al día de hoy, 97.7 millones de personas no ejercen sus derechos sociales, económicos y culturales. Lo que es peor: 71.7 millones de personas no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social.
El sureste del país —que es donde se ubican las entidades con mayor porcentaje de población indígena— es también en donde menos se ejercen derechos. Malas políticas y gobiernos caracterizados por el abuso, contribuyeron a que en Veracruz el 61.8 por ciento sean pobres, en Oaxaca el 66.4 por ciento, en Guerrero el 66.5 por ciento y en Chiapas el 76.4 por ciento.
Para las mujeres indígenas, la exclusión es doble: por ser mujer y por ser indígena. En los últimos diez años su situación no mejoró, siendo que al día de hoy el 84.3 por ciento de ellas están sumergidas en la pobreza. La información brindada por el Coneval es oro molido para la necesaria reorientación de la política social. Desde hace tiempo, se sabe qué funciona y qué no. La opacidad y la ausencia de criterios para distribuir recursos es parte del problema. También lo es la dispersión de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno que terminan por hacer de la política social una disputa por las clientelas.
Nunca como ahora las palabras de la Comandanta Esther, aquella primavera del 2001 en la Tribuna del Congreso, fueron más elocuentes: “La situación es muy dura. Desde hace muchos años hemos venido sufriendo el dolor, el olvido, el desprecio, la marginación y la opresión. Sufrimos el olvido porque nadie se acuerda de nosotras. Nos mandaron a vivir hasta en el rincón de las montañas del país para que ya no llegue nadie a visitarnos o a ver cómo vivimos. Mientras, no contamos con los servicios de agua potable, luz eléctrica, escuela, vivienda digna, carreteras, clínicas, menos hospitales. Mientras, muchas de nuestras hermanas, mujeres, niños y ancianos mueren de enfermedades curables: desnutrición y parto. Porque no hay clínicas ni hospitales donde se atiendan […] porque ya no llegamos a la ciudad. Porque en el camino, regresamos ya muertos.”
Y mientras tanto, los partidos políticos, inmunes a la austeridad, recibirán 5 mil 239 millones de pesos en el 2020.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas