Más Información
Alito Moreno minimiza impugnaciones en su contra; “esa bola de cínicos jamás pondrá al PRI de rodillas", dice
Dulce María Sauri dice que aunque regresen proyecto del Tribunal Electoral no afecta la "impuganción madre" contra reelección de Alito
La iniciativa del gobernador de Tabasco para regular la protesta social presenta dos grandes problemas. El primero y más obvio, el de su constitucionalidad. Se penalizan conductas que pueden ser expresión legítima de derechos, se pierde de vista el carácter de ultima ratio del derecho penal y en distintos supuestos no se satisface el principio de razonabilidad y proporcionalidad.
Frente a estas potenciales violaciones, es probable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente la correspondiente acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte anule varias porciones normativas, afectando sustancialmente su aplicación.
El segundo y más grave problema de la propuesta es la reiteración de la consigna gubernamental frente al derecho. Subyace una racionalidad idénticamente equivocada: los derechos y sus instrumentos de protección pueden juzgarse en razón de su conformidad o distanciamiento de los propósitos del gobierno. Si los acompañan, son moralmente buenos; si los confrontan u obstaculizan, son indebidos. Permitir que el Presidente y su gente determinen la moralidad del derecho, es tanto como dejar que determinen nuestras condiciones de vida a partir de sus muy particulares designios. Actuar conforme a la Constitución y las leyes es la base mínima de convivencia que todos, “aliados” o “adversarios”, merecen y deben exigir.
Ministro en retiro
Miembro de El Colegio Nacional