CDMX.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no publica ni el 30% de las sentencias que emite, según el ranking de Opacidad Judicial realizado por Equis, Justicia para las Mujeres.
Ayer EL UNIVERSAL informó que según dicho estudio, el 96% de los tribunales del país considera que sus sentencias no son de interés público y por eso no las hace públicas.
Por ello, la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la Ley General de Transparencia que busca obligar a todos los poderes judiciales del país a publicar el 100% de sus sentencias sin dar pie a que los jueces determinen si las mismas son o no de interés público.
Dicha reforma, fue enviada el mes pasado a la Cámara de Diputados para su análisis y probable aprobación.
Derivado del estudio de Equis, Justicia para Mujeres, se reportó que la Ciudad de México forma parte de los seis estados que al ser cuestionados vía transparencia sobre la publicación de sus sentencias, indicaron que no tienen información sobre la misma o respondieron cualquier otra cosa.
Al ser cuestionado de esto, el presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez anunció que se prevé que para el 28 de noviembre próximo todos los jueces de la capital publiquen sus sentencias pues, indicó, “no son dueños de sus resoluciones”.
“En esta administración estamos totalmente abiertos para que todas las resoluciones sean del conocimiento de la sociedad porque no son propiedad del poder judicial de la Ciudad de México las resoluciones que emiten los jueces, son propiedad pública y por lo tanto tienen derecho para saber de las resoluciones”, precisó.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia, las sentencias judiciales deben ser publicadas siempre y cuando sean resoluciones de interés público.
Laurence Pantin, Coordinadora de Tansparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de la organización México Evalúa, explicó que debido a que la norma no establece qué se entiende por interés público, cada poder judicial le ha dado una interpretación distinta a este concepto y esto ha llevado a que muy pocos estados publiquen sus sentencias.