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nacion@eluniversal.com.mx
Pese a que el Senado tiene listo 90% de las iniciativas de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, su aprobación podría darse hasta la siguiente semana debido a diferencias entre las fuerzas políticas.
Anoche, en la mesa de negociación de la Junta de Coordinación Política se debatían, sin consensos, los temas de la solicitud de licencia para los miembros del Ejército y la Marina que forman parte de la Guardia.
Además, los senadores se enfrascaron en la discusión en torno a los delitos por los que podrían ser juzgados soldados y marinos que se incorporen a este nuevo cuerpo de seguridad.
Al filo de la medianoche no se había concretado ninguna de las iniciativas que conforman las leyes secundarias, aún cuando las leyes Nacional de Uso de la Fuerza, del Sistema Nacional de Seguridad y de Registro de Detenciones llevan 95% de su redacción.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que la intención es presentar las cuatro leyes en conjunto, además de que la oposición conformada por PAN, PRD, PRI y MC ya advirtieron que de no coincidir, así sea en un artículo, no las acompañarán.
“En la ley de la Guardia Nacional estamos atorados en tres temas: uno es la licencia, el fuero, y que a los que vengan de las Fuerzas Armadas se les apliquen las normas civiles. Ellos [la oposición], si no hay completo acuerdo no irán, aunque tengamos 95% de las iniciativas”, externó.
Monreal Ávila dijo que su bancada no está en la lógica de aplicar su mayoría para avalar las leyes: por el contrario, están haciendo un esfuerzo para que salgan en consenso, “queremos honrar un compromiso, estamos conscientes de que sólo se necesita mayoría simple, pero quiero honrar que lo saquemos en consenso”, comentó.
El senador Damián Zepeda (PAN) coincidió en que son tres leyes las que están prácticamente listas y que la ley orgánica de la Guardia se encuentra en debate, porque no se quieren militares en activo, el régimen disciplinario de delitos y nomenclaturas.
“Se está terminando un análisis de las cuatro leyes. No hay amenazas, estamos intentando el consenso, es un paquete completo de cuatro leyes y la oposición coincide en que se analicen en conjunto, el límite es hasta el 25 de mayo. Hay temas delicados, pero vamos avanzando”, refirió.
Van por fondo de bienes de extinción de dominio. De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Ley de Extinción de Dominio, elaborado en la Comisión de Justicia del Senado, se creará un fondo federal de la venta de los bienes de extinción de dominio.
Estos recursos serán administrados por el Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA), que queda en lugar del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como lo propuso Morena.
Mientras, el gabinete social de la Presidencia será el que formule y coordine la asignación y transferencia de los bienes.
Sobre lo anterior, la oposición ha manifestado su rechazo, debido a que no existe en este gobierno un gabinete social.
Otro de los puntos del proyecto es que los bienes decomisados podrán monetizarse y enajenar, como lo sugiere el PRD. Además, el IABA junto con la Fiscalía General deberán entregar un informe anual sobre los juicios, sentencias, el valor de los bienes, los ingresos obtenidos, las solicitudes de cooperación internacional y una evaluación del impacto económico en materia de extinción de dominio.
A propuesta del PAN, toda la información que se genere u obtenga con relación a la ley se regirá por la Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
El proyecto de dictamen indica que el ejercicio de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público, y la acción se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del que se lleve en materia penal y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga.
La oposición ha sugerido que se cambie en el artículo 8 la referencia a aquellos bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, dado que hace referencia a la veracidad del título de propiedad, cuando éste puede ser de buena fe o puede ser inferior a un documento público.