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Tras la resolución del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco , opere a la mitad de su capacidad (40 metros) para no inundar los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los habitantes de estos pueblos exigen la reparación integral del daño tras 16 años de resistencia a la inundación.
Emma Juárez García, integrante del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, señaló que se presentaron 15 peticiones concretas para las comunidades por lo que el plan está en desarrollo pero el presidente empeñó su palabra para llevarlo a cabo.
Entre estas peticiones se encuentran que las autoridades pidan disculpas públicas a las comunidades; que se reconstruya el centro de población de Palmarejo, que fue desalojado de manera forzosa, y se permita el retorno de sus habitantes; que se declare el río Verde como área natural protegida y se cancelen las concesiones de extracción de materiales en la zona; que se realice una auditoría técnica y financiera de la presa.
Gabriel Espinoza, vocero de Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, señaló que durante todo el tiempo que resistieron no llegaron a sus comunidades inversiones y servicios federales ni estatales, por lo que esperan que a partir de ahora llegue presupuesto.
“Somos conscientes de que entramos a una nueva etapa de nuestra lucha, e inician los trabajos para hacer cumplir el Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños y la ejecución de la obra como la exigimos los pueblos, salvaguardando nuestro territorio”, señaló el comité en un comunicado.
Los pobladores reconocieron la voluntad política del presidente López Obrador y su gabinete para avanzar en las p ropuestas y decisiones de las comunidades.
“Exhortamos al gobierno federal a actuar de la misma manera en tantos casos de defensa del territorio graves y urgentes que se viven en Jalisco y el país, destacamos la contaminación ambiental y los problemas de salud pública en la ribera del río Santiago y el Lago de Chapala. El despojo del agua, la devastación ambiental, la destrucción de bosques y áreas naturales por el crecimiento sin límites de las empresas constructoras e inmobiliarias en el Área Metropolitana de Guadalajara”, señalaron.
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