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Tijuana.— Lo que antes era un proyecto para construir una plaza comercial será un nuevo megarrefugio que recibirá a migrantes retornados por el gobierno de Estados Unidos a esta ciudad fronteriza; sin embargo, aun cuando no ha empezado operaciones, ya tiene a sus primeros detractores: colegios privados que culpan de la inseguridad a esa población.
La semana pasada, el representante del gobierno federal en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, anunció la habilitación de este espacio para admitir a quienes solicitan asilo en la Unión Americana y son regresados a México para esperar su primera audiencia en la Corte.
El megarrefugio está ubicado sobre el bulevar Insurgentes, una de las principales arterias viales que cruzan del lado este al corazón de la ciudad, pero que tras años de abandono se ha convertido en un albergue para personas en situación de calle, consumidores y distribuidores de droga.
Hace unos días, un grupo de trabajadores comenzó a limpiar bajo la premisa de que esta semana iniciaría operaciones el albergue.
Con escobas, jabón y cloro, hicieron labores entre los escombros y en las pertenencias de quienes se han apropiado del sitio como si fuera su guarida.
Los rastros de encendedores, grafitis, cigarrillos y focos en los que se quemó droga reflejan el uso que se le ha dado a los espacios de comercios que sólo fueron estrenados por las personas que se escondían entre los baños y en las esquinas para fumar.
Rechazo. El Consejo de Seguridad Escolar de la Tercera Etapa del Río, un organismo integrado por escuelas privadas de las inmediaciones, señala que ese lugar se convirtió en un problema de inseguridad por ser un refugio para consumidores y vendedores de droga; ahora están preocupadosde que se utilice como albergue para migrantes.
Una de las integrantes del consejo, Karla Pastrana, también directora de la escuela privada Cenzontle, dijo que la incidencia delictiva en esa zona fue la razón para la creación de dicha organización.
Detalló que por mucho tiempo han sido víctimas de robos a mano armada en las escuelas y que en horario de clases ha habido asaltos y otros incidentes en las inmediaciones de la zona.
Por ello, y porque los padres de familia cuestionan el megarrefugio, los centros escolares convocaron a una rueda de prensa para externar su preocupación por la habilitación del proyecto.
Parte de la intranquilidad de los padres se debe a la falta de información sobre el programa: las instituciones académicas cuestionan si habrá un aumento en los delitos o si podría haber enfermedades.
De acuerdo con Pastrana, el consejo buscó desde el jueves pasado a Ruiz Uribe para conocer el plan del megarrefugio y las medidas de seguridad, pero no tuvo respuesta.
Reconoció que las inmediaciones ya tienen un problema de seguridad, pero dijo que están preocupados por que con la llegada de migrantes puedan registrarse más delitos y problemas de salud.
Según la Secretaría General de Gobierno de Baja California, han sido retornados a la entidad 9 mil 854 migrantes (hasta el 12 de julio pasado), de los cuales, 6 mil 217 están concentrados en Tijuana, es decir, más de la mitad.
Mientras la Federación y los gobiernos locales se coordinan para arrancar con la operación del megarrefugio, en redes sociales ya circulan convocatorias de protestas contra la habilitación del albergue temporal, programadas en la ciudad fronteriza para la siguiente semana.
