Este año cerrará con la legalización de más autos chocolate que unidades nuevas vendidas en las agencias, alertó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En total, el organismo estimó que habrá un millón 200 mil autos regularizados e importados de Estados Unidos al acabar 2022, contra un millón 70 mil autos nuevos vendidos en agencias.
Esto pone al país en un escenario similar al de 2006 y 2007, dijo la AMDA, cuando la venta de autos usados provenientes de Estados Unidos superó la de nuevos luego del decreto para legalizar vehículos chocolate expedido por el presidente Vicente Fox en 2005.
Ayer jueves, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que se ampliará el decreto para la legalización de autos chocolate hasta el 31 de marzo de 2023, cuando vencía este sábado.
El decreto entró en marcha el 19 de enero y permite legalizar a los autos importados ilegalmente, conocidos como chocolate, que circulan en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Con esta medida, hasta el 28 de diciembre se han regularizado un millón 47 mil 142 vehículos de contrabando, dijo Rodríguez, y la iniciativa genera certeza jurídica y seguridad para las familias.
También informó que con el programa se han recaudado 2 mil 617 millones 855 mil pesos, los cuales servirán para la pavimentación de vialidades de las entidades participantes.
Al respecto, distribuidores de autos consideraron que esta legalización fomenta el contrabando de unidades usadas y contribuye a la devaluación de autos usados del mercado mexicano.
“El objetivo de acabar con la informalidad de estas unidades tampoco ha terminado, al contrario, siguen entrando miles de vehículos de contrabando principalmente por la delincuencia que controla a quienes operan el tráfico, venta y distribución”, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA.
Para el sector, con este decreto se incentiva la informalidad, en vez de impulsar la renovación del parque vehicular con programas para transporte público, el campo y microempresarios.
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