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La Justicia de Guatemala ordenó el embargo de seis fincas y una cuenta bancaria del expresidente del país Otto Pérez Molina, quien dimitió el pasado 3 de septiembre vinculado a un escándalo de corrupción que lo tiene en prisión preventiva, informó hoy una fuente oficial.
El juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda resolvió el pasado viernes embargar las seis propiedades que pertenecen al expresidente, así como la cuenta bancaria, según dijo este martes a los periodistas.
El pasado 12 de septiembre el mismo juez también ordenó embargar otras seis cuentas, con una cantidad total de 5,4 millones de quetzales en moneda local (alrededor de 692 mil dólares).
La medida implica que las propiedades y el dinero están fuera del comercio.
Villeda explicó que las fincas se encuentran en el municipio de Zaragoza, en el departamento de Chimaltenango, y que el embargo se dictó a petición del Ministerio Público (MP), quien cree que los bienes tienen "relación directa con Otto Pérez Molina".
La adquisición de dichas propiedades se hizo por medio de la empresa Vistas Servicios Electrónicos, S. A., cuyo representante legal es Víctor Hugo Hernández, quien se presume es testaferro del exmandatario.
La cuenta bancaria tiene un monto de 1.4 millones de quetzales (más de 183 mil dólares).
Se presume que los bienes habrían sido obtenidos como producto del dinero proveniente de actos ilícitos.
El expresidente, quien dimitió tras perder la inmunidad que ostentaba en el cargo, se encuentra en prisión acusado de dirigir la red criminal que operaba en el ente recaudador de impuestos, en complicidad con más de 27 personas.
La presunta estructura fue desarticulada en sus mandos medios el pasado 16 de abril por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el 21 de agosto ambas entidades acusaron a Pérez Molina de comandar al grupo criminal.
La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011 en Guatemala, faculta a las autoridades para confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas y a su utilización por parte del Estado.
Desde que Pérez Molina reciba la notificación, que se presume que será hoy mismo, tiene dos días para presentar, si lo considera, un recurso o apelación.
