Entre el 19 y el 21 de junio pasado, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, visitó Venezuela para conocer la situación de los derechos humanos en ese país. El informe resultante es devastador. Para que el lector se forme una opinión propia puede leerlo junto con la respuesta del gobierno (https://bit.ly/2xwYWLo). Las conclusiones rebosan elocuencia. En una apretada síntesis, hay fundamento para evidenciar que se “han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud.” El gobierno hizo caso omiso del problema, además de usar los programas sociales para controlar a la población. “Durante más un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial [además de incrementar] la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.” Con base en lo anterior, el gobierno ha violado copiosamente los derechos humanos; ha atacado “especialmente” a personas y grupos especialmente los vinculados con la oposición política. En el informe se señala que estas violaciones a los derechos políticos “requieren de mayor investigación para “determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”. Y sigue sin desperdicio: “miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinadas en supuestos enfrentamiento con fuerzas estatales (…). Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad (…) Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos”. El Estado Bolivariano deniega “sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación”. Como es obvio, el gobierno de Nicolás Maduro se empeña en negar la veracidad del informe.
La trayectoria de Venezuela Bolivariana no es más que la secuencia de instauración de una tiranía de la peor ralea. Con el argumento de ser el auténtico representante del pueblo, un líder mesiánico, Hugo Chávez llegó al poder e impulsó reformas que rompieron con el orden constitucional para imponer uno nuevo. Éste ha estado marcado por el debilitamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Estos son siempre los obstáculos principales para la imposición autoritaria por la simple razón de que son las instituciones que garantizan el equilibro entre los principios de igualdad política de los ciudadanos y de mayoría en la toma de decisiones. La sustitución de ambas instituciones por farsas simuladoras significa la violación del principio de igualdad de todos en aras de una mayoría impuesta desde el poder ejecutivo. La “República Bolivariana” es la sustitución de esas garantías de equilibrio democrático por adefesios institucionales tales como una nueva Asamblea Constituyente que pretende la supresión de la Asamblea Nacional democráticamente electa en los términos de la mismísima constitución chavista y un tribunal supremo de justicia hecho a modo del dictador Nicolás Maduro, el delfín de Chávez.
Algunas voces de la izquierda estalinista defienden este curso de acción porque supuestamente hace más “democrática y popular” la actuación de “su” gobierno. Resguardados en un cinismo fanático, esos sicofantes alegan que tienen alternativas superiores a las instituciones de la democracia, a la que refieren como “burguesa”, pues presumen que la política se explica por los intereses económicos de las clases sociales, teoría desechada desde fines del siglo XIX, primero por el propio Engels y luego por la social democracia alemana. Decenas de millones de muertos en la Unión Soviética y China siguen siendo los testigos silenciosos de ese otro holocausto. La presencia de esa izquierda no hace sino solapar la violación de los derechos humanos e impedir el desarrollo de las instituciones democráticas.
Académico de la UNAM.
@ pacovaldesu
