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Zacatecas.-
Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que Zacatecas y las entidades federativas tienen facultades para cobrar impuestos en materia medioambiental , el gobernador Alejandro Tello sólo espera la resolución conclusiva del próximo lunes para hacer las proyecciones de los posibles montos que se obtendrían al aplicar el denominado “impuesto minero” o de remediación ambiental.
Cabe mencionar que esta controversia constitucional en contra del gobierno de Zacatecas fue promovida en 2017 por la Presidencia de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto , al argumentar que la ley hacendaria local y los impuestos ecológicos invadían competencias exclusivas de la Federación, cuyo caso se resolvió apenas este jueves SCJN con ocho votos a favor y dos en contra de dicho impuesto.
Sin embargo, este lunes, la Suprema Corte resolverá la segunda parte del juicio en donde se analizará cada una de las cuatro vertientes de las contribuciones establecidas en la ley hacendaria estatal (contribuciones por remediación ambiental en la extracción de materiales, así como por las egases contaminantesmisiones de a la atmosfera, suelos, subsuelos y agua) y así determinar si éstas invaden o no la competencia federal.
En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Tello Cristerna , junto con su equipo de trabajo del área de finanzas, jurídico y ambiental, explicaron que, a la fecha, existen 13 amparos indirectos promovidos por 21 empresas quejosas principalmente del sector minero que se encuentran en la Segunda Sala de la SCJN, por ello, esperarán la resolución conclusiva que dará pauta a conocer los posibles montos a obtener.
Lo anterior, debido a que hace dos años que fue creado este impuesto dirigido principalmente a las empresas mineras, el gobierno estatal estimaba una recaudación de más de mil 300 millones de pesos anuales.
Por lo pronto, el gobierno de Zacatecas se informó que actualmente son 12 pequeñas empresas locales que no han recurrido al amparo que en estos dos años han contribuido con 15 millones de pesos anuales con este gravamen, por ende, esperan que una vez que se aplique a las grandes empresas las contribuciones sean montos importantes para la entidad.
El mandatario explicó que habrá reglas en la aplicación de estos recursos, ya que no será para gasto corriente, ni para nómina, ni el funcionamiento de la estructura administrativa estatal, por ende, se comprometió a “blindar” este gravamen tras especificar que este impuesto se trataba de un logro de justicia social, además de considerar que se trata de un legado para el país y la entidad.
Agregó: “Hay que darle una buena conducción (el impuesto). Va a tener transparencia y pese a ser un recurso estatal solicitaré que se audite por parte del Gobierno Federal. Quiero heredar una herramienta para Zacatecas y no recursos para políticos o personas voraces que, en determinado momento, busquen llenar espacios de poder en aras de enriquecerse”.
Respecto a la controversia que fue interpuesta por el sexenio pasado, el gobernador de extracción priista admitió que quizá el gobierno federal anterior no quiso confrontarse con los grandes capitales de las empresas mineras y prefirió remitir dicho asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí se resolviera, aunque destacó que ahora con esta resolución se ha obtenido un logro para el país, porque al sentar precedente para que los estados tengan esa facultad de aplicar impuestos medioambientales.
Aclaró que esta nueva carga impositiva no impactará en los empleos, ni salarios, ni el reparto de las utilidades de todos los trabajadores de la minería, al precisar que actualmente esta industria representa el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Zacatecas, pero, dijo que también se trata de que “esas grandes empresas tengan esa reprocidad y se haga justicia social”.
maf
