Zacatecas, Zac.
La ubicación geográfica y conectividad de Zacatecas han convertido al estado en una ruta asediada por el narcotráfico, ya que es el recorrido obligado que conecta al Pacífico con las principales zonas fronterizas del norte de país con Estados Unidos.
En la última década, Zacatecas ha padecido el asentamiento de al menos cinco cárteles, aunque desde hace un año se prendieron las alertas en la entidad por la disputa que mantienen principalmente dos de esos grupos por la producción y comercialización del fentanilo, una droga que se ha hecho popular en Estados Unidos y es más económica, fuerte y letal que la heroína.
En Zacatecas hay presencia de los cárteles del Golfo, del Noreste y de Los Talibanes, pero desde hace más de un año se han detectado nuevas incursiones, divisiones y hasta alianzas estratégicas entre estos grupos por la entrada con mayor fuerza de los cárteles de Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación (CJNG), reconoce Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública del estado.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el mando refiere que esta mezcla de pugnas ha significado que 90% de los homicidios tengan relación con el crimen organizado. En Zacatecas, en 2017 se registraron 675 homicidios dolosos; en 2018 la cifra subió ligeramente a 686 casos y el año pasado la entidad reportó sólo 634, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
También se ha reflejado en la crisis del penal varonil de Cieneguillas, donde dos riñas suscitadas en los primeros días del año dejaron un saldo de 17 muertos y 10 heridos.
A pesar de que fueron reubicados 165 internos del fuero federal al Centro Federal de Readaptación (Cefereso) de Ocampo, Guanajuato, Cieneguillas sigue siendo un foco rojo, porque 59% de su población pertenece a cárteles, de los cuales 500 están detenidos por secuestro y, por ser un delito de fuero común, es difícil que sean reubicados.
Camberos Hernández explica que otro punto en el que ha repercutido la pugna delincuencial es en la disminución de agentes municipales. A la fecha hay cinco ayuntamientos que se quedaron sin policías.
Los grupos en disputa
De acuerdo con los reportes de seguridad del estado, hace más de una década el primer cártel que se asentó con gran poderío en la entidad fueron Los Zetas —cuando eran el brazo armado del Cártel del Golfo—, pero por las divisiones internas el Cártel del Golfo se quedó con mayor presencia en el estado.
Los Zetas se convirtieron en Cártel del Noreste —con base de operaciones en Tamaulipas—, pero de una de sus escisiones surgió otro grupo delictivo denominado Los Talibanes.
En el último lustro se desató una lucha entre estos tres grupos que los ha ido mermando en cuanto al tráfico de drogas, aunque ninguno ha dejado de pelear el control de sus regiones, principalmente en el centro de la entidad, lo que ha desatado la violencia e inseguridad, pues para su sobrevivencia han incursionado en el secuestro y la extorsión, explica Ismael Camberos Hernández.
El problema se recrudeció con la incursión de los cárteles de Sinaloa y el CJNG, pues ambos no sólo buscan blindar sus fronteras con Zacatecas, sino también controlar la plaza para el tráfico de los estupefacientes y más ahora que han surgido productos en auge como el fentanilo, que deja millonarias ganancias.
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El secretario de Seguridad Pública detalla que en 2019, el Cártel de Sinaloa se hizo más visible en los municipios de Mazapil, Juan Aldama, Río Grande, Chalchihuites y Sombrerete hasta llegar a Fresnillo. Por su parte, el CJNG no se adentró de manera directa, puesto que se tienen reportes de que pactó alianza con el Cártel del Golfo para controlar el territorio en la entidad.
“Estos acomodos entre grupos son un reflejo de lo que ocurrió en el penal varonil Cieneguillas, ya que las dos riñas fueron entre los reos que pertenecen a los golfos y a los sinaloas, pues estos últimos, aunque eran sólo 16 internos, lograron matar a los líderes del Cártel del Golfo, pese a que es el grupo que tiene más internos dentro del penal”, explica el mando policial.
El gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoce que ante la incursión y el choque entre esos dos cárteles, ha entablado comunicación con los mandatarios de ambas entidades para el combate regional y asegura que no hay ni habrá complacencia.
“No hay complacencia, sería como pensar que un grupo delincuencial pide parecer o no a un gobierno para hacer lo que hace. Son empresas que buscan expandirse y difícilmente vamos a cambiar el panorama por la situación geográfica que tenemos, así como nos ha dado muchas bendiciones, lamentablemente también nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad por ser un paso obligado a la frontera norte con Estados Unidos, uno de los mercados más importantes en el consumo de estos estupefacientes”, menciona Tello.
Refiere que este escenario se lo planteó a la Federación y lo apoyaron con la llegada de mil 900 elementos de la Guardia Nacional (GN): “Este año dejarán de estar encuartelados, porque pronto estarán equipados para actuar”, afirma.
Al respecto, el general Rogelio Castellanos Franco, comandante de la 11 Zona Militar, coincide en que la situación que opaca los resultados de seguridad en Zacatecas es el conflicto de cárteles e indica que las principales acciones que tienen junto con la Guardia Nacional y las demás corporaciones estatales es atacar el secuestro, así como operaciones contra el narcotráfico para evitar nuevas incursiones de los cárteles, sobre todo en los límites con Durango y Jalisco.
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La ruta y el fentanilo
Zacatecas colinda con ocho entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León y Guanajuato; cuenta con 58 municipios.
Al estado lo atraviesan dos importantes carreteras federales con más de mil 300 kilómetros: la número 54, que conecta desde Colima hasta Tamaulipas, y la Panamericana 45, que recorre el centro del país hasta la zona fronteriza con la Unión Americana.
De acuerdo con la dirección de Seguridad en Carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional, desde 2018 se percataron de que en los aseguramientos de metanfetaminas ya había fentanilo. Pero fue en 2019 cuando se dieron tres aseguramientos claves: uno el 14 de febrero, cuando se decomisó cristal y 100 gramos de fentanilo en polvo.
Luego, el 22 de agosto se logró el decomiso de casi 5 kilos de fentanilo, y el 21 de octubre la alerta fue mayor al decomisar 970 gramos de este opioide en piedra, con una pureza de 97% en el municipio de Fresnillo.
Esta situación permitió ver a las autoridades que los operadores de las drogas están mutando a nuevos productos rentables, fáciles de transportar y de gran demanda como lo es el fentanilo.
El secretario de Seguridad Pública del estado asegura que la pugna en la entidad es por la ruta de los opiáceos y las zonas productoras del fentanilo en el centro y sur del país, debido a la gran demanda que hay en Estados Unidos por ser una droga que tiene un bajo costo de producción.
Se estima que para producir un kilo de esta sustancia se invierten 2 mil 400 dólares y, al venderla en el mercado negro en pastillas de un gramo, puede generar una ganancia de hasta 20 mil dólares. “Lo que mueve a los cárteles es el dinero y si el fentanilo da mucha ganancia, ahí van a estar”, acota el mando.
De acuerdo con datos de inteligencia, el fentanilo se produce en Jalisco y Durango y, por ende, alcanzan a las sierras zacatecanas que colindan con ambos estados y con Nayarit.
Según información proporcionada por la 11 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los decomisos realizados en Zacatecas en 2018 y 2019 hubo destrucción de plantíos de marihuana y amapola, así como de siete laboratorios clandestinos en los municipios de Nochistlán, Florencia de Benito Juárez y Moyahua, todos colindan con el estado de Jalisco.
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Intimidación
Ismael Camberos ejemplifica que los municipios también son otro termómetro de la disputa delincuencial, ya que, en dos años que lleva al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, el número de elementos policiales ha disminuido 20%; “en 2017 había mil efectivos municipales y ahora disminuyó a 800”.
Incluso, 37 municipios tienen menos de 10 elementos y cinco se quedaron sin policías (Montescobedo, Tepetongo, Apulco, Mazapil y Cañitas de Felipe Pescador), debido a que han sido amedrentados o simplemente “por miedo desertan”.
Otro caso es el de la alcaldesa de Apulco (PRI), Yaneth Morales Huizar, quien a los pocos meses de que asumió su cargo en 2018 fue amenazada directamente por los cárteles, lo que la obligó a salir con su familia del municipio y gobernar a distancia por un tiempo. Sin embargo, Camberos aclara que cuando tuvieron conocimiento de este hecho, el gobierno estatal le brindó medidas de protección para que pudiera seguir gobernando.
Este también es uno de los municipios donde los pocos policías que había renunciaron y, por ahora, la vigilancia la realiza la Policía Estatal Preventiva. Los municipios de Miguel Auza y Juan Aldama —que colindan con Durango— también han solicitado apoyo del estado, debido a que se han registrado ataques contra corporaciones y policías.
Al respecto, el mando estatal reconoce que el año pasado la lucha contra el crimen organizado le costó la vida a nueve agentes municipales y estatales.
