Lo primero que Rosario M. pregunta es si se aplicará en todo el estado. Tras recibir una respuesta afirmativa esta comerciante de 36 años y originaria de los Valles Centrales de Oaxaca guarda silencio unos instantes y luego habla convencida.
“A mí me parece lo mejor. A veces no hay forma de controlarlos y a escondidas se van a la tienda a gastarse todo en golosinas”, dice sobre la dictamen que ayer aprobaron los diputados oaxaqueños y por el cual se prohíbe la venta directa de productos con alto contenido calórico y de bebidas azucaradas a menores de edad.
Rosario sabe de los que habla. Desde muy pequeña su hija Azucena ha luchado con el sobrepeso y ahora, a punto de cumplir 15 años, la jovencita lleva meses a dieta gracias a los cuales ha bajado tres kilos.
“Cuando era más pequeña a veces se me escapaba y llegaba con papitas y jugos, hasta le fiaban. Una vez, cuando me di cuenta, ya debía 110 pesos en la tienda”, dice Rosario, cada vez más cómoda con la medida contra los productos conocidos como “alimentos chatarra”.
Este miércoles, Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en legislar en contra de la venta directa de los “alimentos chatarra” a menores de edad, una iniciativa que busca atender la “epidemia de obesidad” que vive la infancia en México y que fue propuesta por el grupo parlamentario de Morena.
Con 31 votos a favor, los integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron la adhesión del Artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta de la diputada morenista Magaly López Domínguez, que contó con el respaldo de su grupo parlamentario y de los legisladores del PT, y se encontró con la oposición de los priistas.
De acuerdo con López Domínguez está iniciativa, de la que todo el país parece estar atento, busca que sean los padres de familia quienes decidan si sus hijos deben consumir estos productos, en una medida similar a la prohibición de vender cigarros y alcohol a menores de edad.
En entrevista con EL UNIVERSAL, unos momentos después de la votación, la legisladora dice que otra vez Oaxaca sienta un precedente nacional e internacional a favor del derecho de los niños a la salud, pues “no hay en el continente una ley que proteja a los niños de manera similar”.
La diputada asegura que ahora será responsabilidad plena de los padres de familia decidir sobre la alimentación de sus hijos y rechazó las críticas de que la medida dañe la economía de los pequeños comerciantes. “Es prohibitiva para los niños, pero pueden seguir vendiendo sus productos a los adultos”, insiste.
La necesidad de legislar medidas como esta, explica, radica en que la pandemia de Covid-19 que atraviesa el mundo “ha evidenciado los estragos que esos productos causan a los niños” y la necesidad de “vigilar y cuidar lo que consumen para no tener en casa niños enfermos que se conviertan en adultos enfermos”.
La medida aprobada ayer ha desatado las críticas de sectores empresariales, quienes aseguran que lacera la economía oaxaqueña ya lastimada por la pandemia. En ese sentido, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC),aseguró que la medida no va a funcionar y que se trata de una ley muerta.
“Es una legislación absolutamente irresponsable con la economía del lugar, con la industria restaurantera y turística, con el comercio”, afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.
Aseguró que en tanto el consumo es cultural y son los propios padres de familia los que mandan a los niños a adquirir dichos productos, difícilmente se podrá erradicar su consumo con un enfoque como el aprobado por los diputados, en el que serán ellos quienes decidan si sus hijos consumen o no bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.
“Se equivocaron, esa ley nace muerta. La demanda de esos productos existe porque la gente quiere consumir eso, lo ha consumido siempre y lo seguirá consumiendo aunque se enoje López-Gatell”, dijo el líder de la ANPEC en alusión al respaldo que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell dio públicamente a la iniciativa, por considerar que está en sintonía con los esfuerzos del gobierno federal.
Rosario, la madre de Azucena y comerciante desde hace 10 años coincide en que una medida como esta sólo funcionara si se trabaja de la mano con los padres de familia, pues en su experiencia en ocasiones son ellos los que les compran los productos a los niños.
Al respecto, la diputada Magaly López aseguró que la aprobación de esta prohibición es el primer paso y reconoce que falta mucho que recorrer, sobre todo que los padres se informen cuánta cantidad de azúcar y grasa les dan a sus hijos y que sepan lo dañinos que son estos productos.
“Apenas estamos empezando. Hay mucho trabajo por hacer como una campaña de sensibilización, también en lenguas indígenas para que la información llegue a cada rincón del estado, como en su momento llegaron estos productos”, señala sobre esta adhesión a la ley que ha recibido el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y las felicitaciones del subsecretario Hugo López-Gatell.
