Tijuana.— Cuando Socorro escuchó las balas, tomó a su nieta y se metió al refugio; se escondieron bajo la cama y ahí se quedaron. A su lado, una niña de menos de seis años estalló en crisis: no dejaba de llorar y apenas respiraba. “¡Nos van a matar!”, no paraba de decir. “Es que allá también vio cómo mataban a un hombre”, decía su madre mientras la abrazaba.
La tarde del miércoles, decenas de migrantes revivieron el trauma de la inseguridad de sus comunidades durante un enfrentamiento en Tijuana, cuando se encontraban en las inmediaciones del albergue Embajadores de Jesús.
El reporte de la policía municipal indica que cerca del refugio los vecinos escucharon balazos en el rancho Las Flores. Cuando llegó la policía y halló a los responsables, éstos subieron a un coche y escaparon rumbo al albergue; mientras los oficiales los seguían, ellos disparaban.
Cuando inició la persecución, Alicia y Beatriz platicaban en las gradas, afuera del albergue al que llegaron hace menos de un mes. Jugaban con sus bebés casi recién nacidos cuando una de ellas escuchó a un automóvil que, con la velocidad y la fuerza del andar, arrojaba las piedras del camino de terracería mientras se dirigía al refugio, pero al empezar los balazos sólo se echaron panza al suelo y una de ellas pensó: “¡Ya estuvo, aquí nos van a agarrar!”. “¿Quiénes?”, le preguntaron, “¿Quién más?, ¡la maña!”.
No es la primera vez que escuchaban balazos: en Michoacán, de donde son originarias, las balaceras eran parte de su vida diaria, luego era común escuchar que secuestraban al primo de algún conocido, desaparecían a algún vecino o se llevaban a las hijas; lo que no pensaron es que esa violencia las fuera a alcanzar en esta frontera.
En 2022, Baja California fue el segundo estado con más asesinatos del país, sólo después de Guanajuato. De los más de 2 mil homicidios, más de 80% fueron cometidos en Tijuana, según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado.
Aquí, en la ciudad donde asesinan entre cinco y ocho personas diariamente, es donde miles de migrantes esperan su turno para iniciar su proceso de asilo. Las políticas de restricción que iniciaron con el presidente Donald Trump y ahora se conservan con Joe Biden, mantienen a las familias bajo el acecho de la inseguridad en uno de los municipios más violentos del país.
Alrededor de 80 congresistas demócratas en Estados Unidos firmaron una carta abierta dirigida al mandatario estadounidense, en la que lo urgieron a dar marcha atrás a las medidas de restricción que obligan a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano.
“Grupos de derechos humanos han documentado extensivamente más de 10 mil ataques violentos, incluidos secuestros, agresiones graves y muertes, contra personas que fueron expulsadas o bloqueadas en México debido al Título 42 desde el comienzo”, se lee en la carta.
En mayo de 2022, una mujer migrante resultó herida de bala mientras dormía en una de las casitas de campaña que fueron instaladas dentro del albergue para migrantes Agape Misión Mundial; en aquella ocasión, un grupo de pandilleros se enfrentó a balazos a un costado del refugio.
Soraya Vázquez, subdirectora de la organización pro migrantes Al Otro Lado, explicó que las nuevas medidas que tomó el presidente Biden son la continuidad de la política antiinmigrante de Trump, ya que esas restricciones ponen en riesgo la vida de miles de personas que apenas lograron sobrevivir de la violencia en sus países de origen.
“Si la ciudad es insegura para los que vivimos aquí, ahora imagínate para ellos, porque los albergues no tienen condiciones de seguridad... Todo se vuelve un infierno para las familias, esto que estamos viendo es el desmantelamiento de la política de protección del asilo”.
Alicia, una migrante salvadoreña que llegó en noviembre pasado, no pensó en volver a vivir un enfrentamiento. Allá en su país eran las pandillas (maras), y aquí, en una ciudad desconocida para ella, ya no sabe en quién confiar ni a dónde ir.
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