Chilpancingo.— El horror volvió a Chilapa: eran las 7:00 de la mañana cuando hallaron seis cabezas sobre el toldo de un vehículo en la avenida principal de la ciudad, el bulevar Eucaria Apreza. A un costado, colgada en la cortina de un local, estaba una lona con una advertencia de alguien que se erige como la autoridad y establece reglas, así como “pena capital” para quien las rompa: “La plaza tiene dueño y se respeta”.
El reporte de la Fiscalía General del Estado indicó que a las 6:40 de la mañana recibieron una llamada de emergencia informando del hallazgo.
En el toldo de un vehículo gris, con placas de circulación del Estado de México, estaban las cabezas de seis hombres. En el interior del auto había ocho bolsas con restos humanos.
Este crimen revivió los momentos más álgidos y horrorosos de más de una década de violencia en Chilapa.
Desde hace un par de semanas, la violencia en la ciudad ha ido en aumento. Comenzaron las desapariciones. El sábado se denunció la más reciente, la de un joven de 27 años de edad. En redes sociales circuló su fotografía, acompañando una alerta para su localización.
Ese joven, según informaron fuentes de la fiscalía, era uno de los seis decapitados.
José Díaz Navarro, vocero del colectivo Siempre Vivos, de familiares de personas desaparecidas y asesinadas en Chilapa, informó que por lo menos 12 personas han desaparecido en lo que va de 2022, y responsabilizó de los hechos a la organización criminal Los Ardillos.
También atribuyó la masacre de ayer al mismo grupo: “Ellos son los que tienen el control de Chilapa”, dijo.
“En Chilapa se vive una situación de terror por este grupo delictivo, que tiene el control de casi todo: de la siembra de marihuana, amapola y la elaboración del crystal”, denunció.
Desde hace años, Díaz Navarro ha responsabilizado a Los Ardillos de la violencia que se vive en Chilapa.
También ha denunciado que esta organización ha crecido por la protección que ha “gestionado” el hermano de los líderes, el diputado local del PRD Bernardo Ortega Jiménez.
En Chilapa se vive un proceso de violencia desde hace más de una década, el cual ha dejado cientos de asesinados, desaparecidos, desplazados y toda una población sumida en la zozobra. Violencia que ha roto la vida cotidiana: se han declarado toques de queda, las clases se han suspendido durante meses ante el temor de ataques, la zona rural ahora es intransitable por los asesinatos y ningún transportista se arriesga a manejar por ahí. La vida nocturna se terminó, afectó al comercio de artesanías y ahuyentó a los turistas.
A esta violencia nada la ha detenido. A lo largo de los años, en Chilapa se han puesto en marcha al menos seis operaciones policíacas y militares; una de ellas es de las más grandes que se han implementado en todo el país, con 3 mil 500 soldados para resguardar un municipio de 120 mil habitantes. Eso tampoco fue suficiente, pues en medio de militares y policías, hombres armados han tomado la ciudad, instalado retenes, cateado domicilios y desaparecido personas.
Chilapa es una de las urbes más letales para los políticos, al tiempo que el PRI mantiene un control inalterable.