Aconchi, Sonora.- A siete años del derrame de 540 toneladas de desechos tóxicos al Río Sonora por parte de la minera Buenavista del Cobre , de Grupo México, los pobladores lidian con otro problema: la pandemia por coronavirus . Las actividades económicas y turísticas, se desploman; la situación se torna grave, dicen.
Ante este panorama, los afectados por la contaminación aún tienen la esperanza de que el gobierno de la República inicie el procedimiento para la reactivación del Fideicomiso del Río Sonora , se les restituyan sus derechos a la salud y al agua limpia, como lo decretó la SCJN en marzo del 2020.
Francisco
Ramón
Miranda
, integrante fundador de los Comités de Cuenca del Rio Sonora, jala una silla mecedora del porche de su casa, dispuesto a hablar de la lucha que mantiene junto a otros líderes.
Los activistas forman parte del movimiento comunitario organizado para exigir la remediación integral y respeto a los derechos humanos tras el desastre ambiental provocado por Grupo México en Sonora hace siete años, por un "fallo estructural" de la mina Buenavista del Cobre.
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Miranda, recordó el inicio de la tragedia ecológica más grande en México, la cual se registró el 6 de agosto de 2014, en el municipio de Cananea .
Hace siete años, una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre , con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
Un caudal de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos como cobre , arsénico , aluminio , cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas y de salud, se desplazaron sin control, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, hasta llegar a la Presa El Molinito .
Don Francisco Ramón Miranda dice que los afectados por el derrame en el río Sonora han sido utilizados con fines políticos; los candidatos les prometen y ninguno cumple.
De ahí que resultaron afectados alrededor de 23 mil pobladores de 38 localidades de esos municipios y algunas zonas rurales de la capital del estado que consumieron y se bañaron con agua envenenada.
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Cientos de personas enfermaron, pero sólo se reconocieron 381 personas afectadas de manera oficial.
Para atender la emergencia ambiental y sanitaria, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un Fideicomiso por 2 mil millones de pesos con el objetivo de remediar los daños ambientales y a la salud.
Luego, se cerró el 7 de febrero, cuando se habían gastado mil millones 250 mil pesos; se hizo de manera unilateral, sin previo aviso, sin evaluación, sin consulta, sin haber cumplido la mayoría de los compromisos contraídos en el Programa de Remediación .
Corrupción y botín político
“La rebatinga”, eso pasó, expresó Miranda al referirse a los apoyos que se dieron como indemnización al resultar afectados por la contaminación. Se dieron apoyos por pérdidas en actividades económicas , tomas de agua y enfermedades.
Aún les duele que políticos, funcionarios y personas que no vivían en la zona lograran más recursos económicos que los propios afectados.
Los pagos se hicieron en forma discrecional y sin sustento, por lo que resultaron favorecidas muchos afiliados tanto del PRI como del PAN , mientras muchos residentes fueron excluidos.
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“Fuimos parte de un botín político, hacían como que nos ayudaban; nos han utilizado en tres campañas políticas , los candidatos vinieron, todos prometieron, pero nadie nos ha ayudado”, acusó.
El integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora , comentó que la infamia y el engaño está latente, pues se les prometió la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora ( UVEAS ) para monitoreo a la salud constante durante 15 años, pero en noviembre del 2019, el inmueble en obra negra se otorgó en comodato a la Guardia Nacional.
El equipo que se ha enviado a algunas poblaciones para potabilizar el agua está arrumbado porque nadie sabe cómo funciona.
En el recorrido que realizó EL UNIVERSAL a los municipios afectados por la contaminación , se encontró que el inmueble ubicado en el municipio de Ures, se encuentra enmontado y a medio construir con divisiones en materiales de plafón por dentro; mientras los elementos de la Guardia Nacional tienen un campamento en unidades prefabricadas a pocos metros del lugar.
La exigencia por agua limpia persiste. Luego del derrame, entre las acciones, para resarcir daños se anunció la perforación y equipamiento de 18 nuevos pozos y la construcción de 36 plantas potabilizadoras.
Para ello, se presupuestaron y descontaron del Fideicomiso Río Sonora , la construcción de las plantas potabilizadoras, con módulos de ósmosis inversa con una capacidad de 3 a 18 litros por segundo, con un costo de 350 millones de pesos.
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Sólo se instalaron nueve de estas plantas que se anunciaron con la peculiaridad de separación de metales pesados ; las móviles las ubicaron en Ures, Mazocahui, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y fijas en Ures , Banámichimi y Arizpe. Ninguna funciona, las instalaron pero no les dijeron cómo operaban.
Por falta de interés y apoyo de los alcaldes, esta infraestructura esta inoperante, incluso arrumbada en lugares públicos y estacionamientos.
Miranda, expuso que es tal el desinterés de los distintos niveles de gobierno que han reportado la potabilizadora de Baviácora abandonada como chatarra en un taller mecánico.
Los habitantes del Río Sonora compran a 30 pesos el recipiente con diez litros de agua purificada en tiendas de conveniencia.
Persiste la promesa federal
El 4 de julio del 2021, surgió una luz de esperanza para que el gobierno federal obligue a Grupo México a indemnizar , reparar y resarcir daños causados con el derrame de sustancias venenosas a los ríos Bacanuchi y Sonora .
En la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cananea, la Secretaría del Trabajo en México, María Luisa Alcalde , reconoció que la cuenca del Río Sonora sufrió uno de los derrames tóxicos más graves que se tenga a la vista de la historia de México.
“Los estragos del envenenamiento de los ríos no solamente privaron a comunidades del derecho básico al agua potable, sino también despojaron a campesinos y ganaderos de sus medios de vida”.
Más aún, representan serias amenazas para la salud de las personas a pesar de que el gobiernos anteriores decretaron que el problema ya se había subsanado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ordenó en 2020 revalorar la magnitud del daño, recordó.
Ante esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) integrará más pruebas; por su parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estará monitoreando la actividad minera y la calidad del agua . Además, se dará seguimiento al procedimiento y reactivación del Fideicomiso del Río Sonora y serán revisados los pozos y las concesiones de agua, anunció.
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Sabemos que una de las mayores preocupaciones de esta comunidad son los riesgos de la actividad minera a la salud ambiental de la mano de ustedes de la comunidad de Cananea la Secretaría del medio ambiente integrará diagnósticos y políticas que contribuyen a eliminar la exposición a estos contaminantes, dijo la funcionaria.
Los habitantes del Río Sonora, a siete años del derrame, aún siguen esperando que las autoridades atiendan su reclamo y se obligue al emporio cuprífero a reparar el daño y restituya los derechos humanos al agua, la salud y al medio ambiente.
Miranda dijo que los pobladores no están en desacuerdo con la explotación de la minería , porque saben que representa fuentes de empleo y movilidad económica, pero no concuerdan con procedimientos y descuidos que atentan contra la vida humana y el medio ambiente.
Covid, la otra muerte lenta
Habitantes de la cuenca del Río Sonora, dicen que la pandemia por Covid-19, l es llegó “una tras otra”; ni siquiera pudieron reponerse de los estragos que les ocasionó el derrame de tóxicos, cuando empezaron las restricciones para evitar la proliferación del coronavirus.
“Tenemos 18 meses inactivos, hemos sido muy afectados en cuanto al tema económico, hemos tenido también mucho contagio, no hemos escatimado recursos y trabajamos en forma coordinada con la Secretaría de Salud”, externó el alcalde de Baviacora, Francisco Huguez Martínez .
Este pintoresco municipio de apenas mil 800 habitantes, ha registrado 7 decesos por Covid y 155 contagios desde marzo de 2020 a la fecha.
Cuauhtémoc Navarro, propietario del Hotel San Francisco, lamentó cómo se ha desplomado el turismo , casi al 90 por ciento, y esto lo ha dejado sin empleados. Su familia se encarga de atender el hotel y el restaurante.
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“Por órdenes del gobierno y la Secretaría de Salud , estuvimos cerrados casi todo el año pasado y no te quitan el pago de la luz, no te quitan los gastos”, recriminó.
Rubén Darío, vende productos regionales en el paso por de la ruta del Río Sonora, a la altura de la comunidad de Mazocahui, y reporta una severa caída en las ventas.
En el lugar donde tiene su puesto de ventas, es el paso obligado hacia otros municipios de la sierra alta, donde con frecuencia se realizan fiestas patronales, pero en estos momentos están suspendidas.
En esta región del Río Sonora, se han registrado 27 decesos y 375 contagios. Las restricciones y protocolos sanitarios continúan, mientras el programa de vacunación avanza.