oaxaca@eluniversal.com.mx
Aunque la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) ha iniciado 111 carpetas de investigación por casos de violencia política de género en procesos federales, apenas 3% se han judicializado y no hay un sólo caso en el que se haya fallado a favor de la víctima.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y el Instituto Nacional Electoral (INE), la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones encaminadas a menoscabar o anular sus derechos político-electorales tan sólo por ser mujer; esto incluye el ejercicio de cualquier cargo público.
De las indagatorias iniciadas entre 2016 y el 31 de enero de 2019 por este tipo de prácticas, 37% se han canalizado a fiscalías electorales locales, en 34% no se encontraron elementos suficientes para comprobar el delito y 11% aún siguen en trámite.
Silvia Alonso Félix, directora de Política Criminal y Vinculación de Delitos Electorales de la FEPADE, indica en entrevista con EL UNIVERSAL que el bajo número de carpetas que llegan ante un juez se debe a que a nivel nacional la violencia política de género no se ha incluido en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. “No podemos actuar de manera decidida porque no tenemos un tipo penal que establezca como delito electoral la violencia política de género”, explica.
La funcionaria agrega que a partir de interpretaciones que se hace de conductas incluídas en la ley es como se han podido configurar los casos como delito electoral.
De acuerdo con información de la FEPADE, entre las conductas más denunciadas se incluye principalmente la obstrucción y afectación de derechos políticos-electorales de las mujeres, en particular a nivel municipal.
Es por esa razón que 37% de las carpetas abiertas son de competencia local y son turnadas a las fiscalías electorales de las entidades. “Muchas veces las denuncias se presentan a nivel federal porque hay más confianza en la instancia federal; sin embargo, cuando detectamos que es una problemática local la tenemos que remitir”, abunda Alonso Félix.
De las 111 carpetas de iniciadas desde 2016 por la FEPADE, Ciudad de México (20), Puebla (14), Tlaxcala (12) y Oaxaca (8) son las entidades que más concentran. Además, del proceso electoral 2017-2018 se contabilizan 200 denuncias de violencia política contra candidatas y 58 planteamientos ciudadanos que aún se define si tendrán averiguación.
Fiscalía sin dientes. Una vez que la FEPADE inicia una carpeta de investigación por una denuncia de violencia política de género y logra evidencias de que se cometió el delito, el caso se judicializa, pero se encuentra con un obstaculo enorme: no hay cómo castigarlos.
“Ahí tenemos un problema. Cuando llega con los jueces, como no hay un tipo penal, no pasa de ahí”, dice Alonso Félix y remarca la importancia de avanzar en el reconocimiento de este tipo de conductas como delitos electorales, para que se puedan judicializar de manera adecuada.
“El hecho de que no haya garantías de que una denuncia vaya a prosperar y se va a castigar a los culpables sí es una limitante. Las mujeres se detienen de denunciar porque el sólo hecho de denunciar es evidenciar al otro y las pone en una situación de vulnerabilidad”, dijo.
Por esa razón, apenas en noviembre la FEPADE presentó ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República una iniciativa para tipificar la violencia política de género, particularmente contra las mujeres y las niñas. No es la primera.
De acuerdo con Georgina Cardenas Acosta, egresada del posdoctorado del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, al menos desde 2012 han existido ocho iniciativas en el Congreso para considerar como un delito estas prácticas, mismas que han quedado atoradas en comisiones. Incluso, señala que a la legislatura pasada se le cuestionó que con 42% de diputadas ninguna de las tres presentadas avanzara.
“Hay una resistencia, incluso en la Comisión de Igualdad de la anterior legislatura se bloqueó la iniciativa”. Por ello, agrega, es indispensable que se apruebe por los actuales diputados, pues “sería muy cuestionado que en esta legislatura de la paridad no lo hagan y porque actualmente la FEPADE no tiene dientes ni posibilidades de ejercer una sanción”.
Aunque la académica reconoce que se trata de un tema reciente y que apenas en 2003 comenzó a diferenciarse la violencia que se ejerce contra la participación política de las mujeres, señala que la discusión se ha centrado en el papel de la mujer en partidos políticos, toma de decisiones y el proceso electoral, dejando fuera las campañas y precampañas y, sobre todo, el ejercicio del cargo, que es donde se concentran los cosas.
Oaxaca, a la vanguardia. A nivel local, sólo en seis entidades la violencia política de género se considera un delito: Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México. Fue Oaxaca la primera en la que se tipificó y, aunque los mismos diputados locales derogaron la ley que la incluía, en noviembre pasado volvió a considerarse un delito.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Esther Pinelo López, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Oaxaca, señala que apartir de que se cuenta de nuevo con el tipo penal han sido ocho las carpetas de investigación iniciadas por denuncias de violencia política de género: una de una edil, una de una síndica y el resto de regidoras. Explica que las denuncias se presenta principalmente porque no se les permite ejercer plenamente el cargo.
