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San Cristóbal de las Casas, Chis; 3 de abril.- Un conflicto por tierras, ahora en el municipio de Aldama y el ejido Manuel Utrilla (Chenalhó), ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 747 familias de tres poblados y la muerte de un jefe de familia y dos de sus hijos, que fueron emboscados cuando se dirigían a su parcela, el lunes por la mañana, i nformó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En conferencia de prensa, se dio a conocer que de la comunidad Tabak, 307 indígenas tzotziles han sido desarraigados; 225 de Koko’; y 185 de Cotsilnam, del municipio de Aldama, familias “que se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día”.
Hasta principios de este mes, el Estado mexicano no ha implementado acciones para atender y proteger a las 747 familias y siete más que fueron desplazadas desde mayo del 2016, por un grupo armado que opera en el municipio de Aldama, con apoyo de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez.
“Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla (municipio de Chenalhó) comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihuitán”, a finales del 2017, con más de tres mil personas que salieron de sus hogares.
En ambos casos, “se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte, a fin de obtener el control territorial de la región. Los patrones que ubicamos son: ataques prolongados con armas de alto calibre, ataques armados intermitentes, amenazas de masacres, vigilancia desde trincheras en la montaña, agresiones generalizadas a la sociedad civil, actos violentos para generar terror, comunidades sitiadas y asesinatos ejemplares”.
Directivos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y afectados por el conflicto, dieron a conocer que ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para proteger a la población afectada por la violencia generalizada en la región.
Piden a las autoridades a atender de “manera urgente e integral” la situación de crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en Chenalhó, Chalchihuitán y Adama y se apliquen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.
También que se lleven a cabo acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones de grupos armados.
Dieron a conocer que el pasado lunes a las 06:30 horas, integrantes del grupo armado emboscaron y asesinaron a un jefe de familia y dos de sus hijos, de la comunidad Cotsilnam, municipio de Chenalhó.
Las víctimas mortales son: Manuel Gómez Pérez, de 35 años y sus hijos, Alonso y José Antonio Gómez Hernández, de 17 y 11 años de edad, que fueron sorprendidos en el camino del tramo a Tselejpotobtik, cuando iban a su parcela.
Los hombres se encontraban desde territorio del municipio de Santa Martha, entre 150 y 200 metros de un cafetal y platanar.
El grupo armado dirigido por al menos siete personas y conformado por unos 40 indígenas, que llevan armas de alto poder de diversos calibres, “actúa desde el ejido Manuel Utrilla y aumentó el clima de terror desde febrero del 2018, con ataques armados contra las comunidades del (municipio) Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stelej Potop, Xuxchen, Puente Yoctontik, Sepeton y la cabecera municipal”.
Entre las familias que han sido desarraigadas hay bases del apoyo del EZLN, “quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo”, pero las “agresiones continúan hasta la fecha”.
Las agresiones siguen contra habitantes de poblados y contra de personas que transitan por caminos cuando van a laborar a sus parcelas.
“Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser)”, dijeron en la conferencia de prensa y temen que este hostigamiento continúe con incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla y Chenalhó, así como la cabecera municipal.
En 1995, el ejido Manuel Utrilla y el municipio de Aldama, acordaron aun autoridades agrarias resolver el conflicto agrario, "de buena fe", con el fin reconocer la Resolución Presidencial que reconocer y titula los bienes comunales de la comunidad Manuel Utrilla, mientras que los tzotziles de Aldama, se comprometían a seguir con los trámites de Ley para substanciar el expediente que por vía conformación y titulación de bienes comunales, obtener la Resolución Presidencia correspondiente.
