Cancún.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo , fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública, con relación a la concesión irregular de carritos de golf en el municipio de Isla Mujeres.
En audiencia - celebrada en video conferencia en Chetumal, para enlazar ayer y hoy a Borge, desde el penal del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala Morelos , en donde esta recluido- un juez de control del Poder Judicial local le dictó además prisión preventiva , ante el riesgo de fuga e instruyó dos meses como plazo para el cierre de la investigación.
La audiencia inicial se realizó el 7 de noviembre pasado, pero se suspendió debido a que la defensa de Borge solicitó acogerlo al beneficio de la duplicidad del término constitucional para el ofrecimiento de datos de prueba.
Ayer fue reanudada. El caso versa sobre la carpeta administrativa 154/2017, por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, formulados por la Fiscalía Anticorrupción del estado, con base en los testimonios de exsubalternos de Borge: Javier y Jaime Zetina González.
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El primero fungió, entre otras cosas, como director de comunicación en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), director de la Administración Portuaria Integral (Apiqro) y como titular de la Auditoría Superior del estado.
Jaime González fue recaudador de Rentas y actualmente es el director de Auditoría Fiscal del estado, en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La defensa de Borge Ángulo solicitó que ambos se presentarán a la audiencia, pero se ausentaron.
En la sala de los Juzgados Penales Orales, los Fiscales Especializados formularon las imputaciones por desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, como parte de la carpeta ya citada, una de tres que se le siguen al exmandatario, quien se dijo ahí, víctima de una venganza política.
La audiencia de carácter público se repuso ayer, se suspendió en dos ocasiones - una de ellas por presuntas fallas de origen técnico que impedían conexión--y se reanudó esta mañana, cuando el juez resolvió la vinculación a proceso por uno de los dos delitos.
Borge, vestido de azul, con el uniforme del centro de reclusión en donde se encuentra desde su extradición de Panamá a México, insistió en que la resolución obedece a cuestiones políticas.
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La defensa de Borge argumentó que las acusaciones contra su cliente no constituyen un delito y, de serlo, no fueron cometidos por él.
A Borge se le acusa, en esta carpeta, de haber ordenado el otorgamiento indebido de concesiones para renta de carritos de golf, en Isla Mujeres, sin emitir una convocatoria, ni licitación, y sin haber cobrado los respectivos derechos.
La defensa argumentó que, de acuerdo a un convenio de coordinación fiscal, establecido en la ley, la obligación del cobro de derechos quedaba suspendida.
Los abogados de Borge expusieron que, de manera opcional y sin perjuicio de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las entidades convienen con la Federación en no mantener en vigor derechos estatales o municipales señalados en el artículo 10–A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Luego de la detención de Borge, en junio de 2017, con base en una solicitud de extradición, por delitos imputados por la entonces Procuraduria General de la República (PGR), uno de ellos, dicha petición se amplió, con relación a delitos del fuero común, contenidos en tres carpetas: 151/ 2017, 154/ 2017 y 159/ 2017.
La Fiscalía Anticorrupcion del estado pugnó para que el gobernador acudiera personalmente a las audiencias correspondientes a esos delitos, pero la defensa apeló, para que se realizarán vía videoconferencia, lograndolo.
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afcl
