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El ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo y ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora, fue vinculado a proceso por un juez de Control radicado en Playa del Carmen, quien le dictó prisión preventiva y fijó dos meses como término para cerrar la investigación por el probable delito de peculado por más de 5 millones de pesos que se le imputan.
Esta es la tercera ocasión en que se vincula a proceso al también secretario de Hacienda durante el mandato del ex gobernador Roberto Borge.
El primer acto de vinculación a proceso fue por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública por el caso de la transportadora aérea VIP Saesa; el segundo fue por peculado en agravio del ayuntamiento de Solidaridad, por un monto de casi 246 millones de pesos, según la carpeta 227/2017.
El juez de Control lo vinculó a proceso ayer también por peculado, pero relacionado con el caso Finmart, según la carpeta administrativa 229/2017, en donde se imputa un quebranto por 5 millones 292 mil 375.93 pesos.
En entrevista, uno de sus cuatro abogados, Ángel Torres Fritz, informó que la imputación proviene de la denuncia de la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, que incluye a tres ex funcionarios más, entre ellos el entonces tesorero, Gabriel Castro Cárdenas y el ex oficial Mayor, Rafael Castro Castro, por un adeudo de 5 millones 340 mil pesos, a la empresa Finmart.
La compañía otorgaba créditos a los trabajadores que posteriormente les eran descontados vía nómina, quincenalmente; sin embargo, de acuerdo con la denuncia, el dinero descontado no fue enterado a la empresa.
El 4 de abril de 2014, Prestaciones Finmart celebró un contrato con el entonces edil, Mauricio Góngora, su tesorero y su oficial Mayor, para realizar préstamos a burócratas para el consumo de bienes como aparatos electrodomésticos, línea blanca, muebles, equipos de cómputo y la amortización de esos créditos vía nómina.
En la cláusula novena del contrato se estipula que el ayuntamiento fungiría como depositario de los recursos retenidos, vía nómina, a los empleados, “con el único efecto de que los entregue a la empresa Prestaciones Finmart”, se lee en dicho convenio, consultado por EL UNIVERSAL.
Sin embargo, a partir de julio de 2015, el ayuntamiento de Solidaridad dejó de entregar el dinero que retuvo a 400 empleados, lo que aumentó su adeudo. De julio de 2015 a junio de 2016, el dinero retenido, que se descontó a los trabajadores, pero que no se entregó a Finmart, sumó 5 millones 151 mil 184.92 pesos.
El 9 de noviembre de 2016, cuando Cristina Torres estaba ya al frente de la presidencia municipal, la empresa le comunicó lo ocurrido al nuevo gobierno, que luego de hacer una revisión corroboró que los descuentos se aplicaron, pero el dinero no se enteró. Incluso, se descubrió que el descuento se extendió hasta la segunda quincena de septiembre de 2016, sumando un total de 5 millones 292 mil 375.92 pesos.
La comuna reconoció el adeudo, pero el 14 de diciembre presentó la denuncia correspondiente en contra de los ex servidores públicos antes mencionados.
