Culiacán, Sin.
El juez de Control y Enjuiciamiento Penal vinculó a proceso al ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Carlos “N”, como presunto responsable de la compra de un lote de colchones viejos , rehabilitados con materiales usados y distribuidos entre damnificados por la tormenta tropical 19-E.
Radicada bajo la causa penal 1115-2015 por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, el imputado podrá seguir el juicio en libertad y la Fiscalía General del Estado dispondrá de un periodo de cuatro meses para que complemente su investigación.
En la reanudación de la audiencia inicial, el imputado declaró que el hoy ex secretario de Desarrollo Social del Estado, Raúl Carrillo Castaños, conoció de todas las operaciones que se realizaron en la compra de enseres domésticos para auxiliar a los afectados.
Carlos “N”, en descargo de las imputaciones de haber autorizado transmisiones bancarias por 2 millones 970 mil pesos, a través de un amigo de nombre Francisco Benjamín Langrave Buelna y de la empresa Mariachi SPR, negó haberlas efectuado.
Esgrimió en su defensa que la subsecretaria de Desarrollo Social, Moraya Yaseen Camponas, era la encargada de la lista de proveedores, a los cuales, desde hace varios meses, les habían hecho otro tipo de adquisiciones.
Mantuvo la postura de que su jefe inmediato, el entonces secretario Ramón Carrillo Castaños, estaba enterado del trabajo que desempeñaba en las búsqueda de nuevos proveedores foráneos de colchones ante la emergencia que se presentó con la tormenta tropical 19-E.
En la continuación de la audiencia, declaró desconocer la identidad de los funcionarios que realizaron los pagos respectivos vía transferencias electrónicas, en virtud que las cuentas bancarias fueron abiertas en forma especial bajo las firmas del titular de la dependencia.
La Fiscalía General del Estado mantuvo la imputación contra el funcionario, al que describió como el responsable de la compra de un lote de colchones que resultaron ser viejos y reconstruidos con material usado, por lo que despedían olores fétidos.
Estos enseres domésticos formaron parte de los donativos entregados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a las familias afectadas por las pasadas lluvias provocadas por la tormenta tropical 19-E que azotó el pasado 20 de septiembre la capital del estado.
Según los registros bancarios, las emisiones electrónicas que sumaron dos millones 970 mil pesos fueron acreditadas a un particular de nombre Francisco Benjamín Langrave Buelna, y a una empresa denominada Mariachi SPR, ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
La Fiscalía hizo mención que en dichas operaciones de compra de un lote de colchones no existen facturas electrónicas que amparen las operaciones de compra de estos enseres domésticos.
Como parte de las acusaciones vertidas, se estableció que en el padrón de proveedores del gobierno del estado, no aparece la empresa Mariachi SPR, ni el particular de nombre, Francisco Langrave Buelna.
La parte acusadora, reseñó que las investigaciones, arrojaron evidencias de que este lote de colchones fue trasladado a bodegas de negocios del padre del coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, en la capital del estado.
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