La Paz.- El exsecretario de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur , Isidro Jordán Moyrón, fue vinculado a proceso por el presunto delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del estado”, pues se le acusa de realizar contratos millonarios con recursos públicos con la empresa cuya accionista es su esposa.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) , a “Isidro N” –refirió en un comunicado- se le imputa también el delito de “falsedad” por certificar documentos que no obran en la dependencia de la cual era titular.
Así, luego de una denuncia interpuesta el mes pasado, tras una auditoría aplicada por autoridades de esta administración, se iniciaron las averiguaciones a través de las cuales se obtuvieron elementos de prueba para su vinculación.
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Y es que según las investigaciones, el exfuncionario -cuando fue servidor público- en el periodo comprendido entre 2015 y 2021 “realizó contratos millonarios con recursos públicos con la empresa en la que un familiar es accionista e incurrió en falsedad, el 21 de junio del 2021”, expuso la dependencia.
Durante la audiencia inicial efectuada el día de ayer en el Centro de Justicia Penal y que se prolongó por casi 11 horas, el Juez de Control no impuso medidas cautelares al imputad; en tanto, al ministerio público se le otorgó seis meses para la investigación complementaria.
Sobre el tema, el gobernador Víctor Castro Cosío sostuvo que se investiga al exfuncionario por la compra de boletos de avión a la agencia de viajes de su esposa, por un monto de 200 millones de pesos, siendo el secretario de Finanzas, y refirió que tendrá que explicar su proceder ante los tribunales.
Suman dos exfuncionarios bajo proceso
Esta es la segunda vinculación a proceso de un ex funcionario de la administración que encabezó el panista Carlos Mendoza Davis. La primera ocurrió en octubre del año pasado.
Se trató de la ex titular del Instituto de Vivienda de BCS, Rosalba “N”, a quien se le imputa el presunto delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades” en detrimento de un organismo descentralizado del Gobierno de BCS, luego de ser “autoliquidara con 2 millones de pesos”, al término de su gestión en 2021.
El Juez de control otorgó la medida cautelar consistente en la firma periódica y continúa la investigación.
La contralora del estado, Rosa Cristina Buendía, informó que suman 23 denuncias ante la PGJE que se han presentado contra exfuncionarios, por diversos delitos, entre ellos, enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de funciones.
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afcl
