Por considerarlos posibles responsables de los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico , un juez de control vinculó a proceso a los exmagistrados del Poder Judicial de Nayarit , Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado , vinculados al fraude con el que el Infonavit despojó a por lo menos 60 mil derechohabientes de sus casas en ocho estados del país.
A Marmolejo Coronado, además, se le imputó el delito de cohecho por presuntamente haber recibido al menos 25 millones de pesos como sobornos por parte de un despacho jurídico ; para afrontar su proceso en libertad, a ambos se les prohibió salir del estado , por lo que deberán firmar quincenalmente ante el juzgado y deberán depositar una garantía de 15 millones de pesos en un plazo no mayor a 15 días.
En el caso de Enriquez Soto –quien tras renunciar al cargo como magistrado el pasado 30 de abril, promovió un nuevo juicio de amparo para no ser detenido y cuenta con una suspensión provisional– la principal carta de la Fiscalía en su contra es un convenio irregular que él como presidente del Poder Judicial firmó en octubre de 2013 con el entonces titular de la Dirección Jurídica de Infonavit, José Lorenzo Natera, quien también fue síndico del municipio de Gómez Palacio, Durango.
Según ese convenio, que nunca se publicó en el Periódico Oficial ni fue aprobado por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia , se brindarían facilidades de “economía procesal” a Infonavit para la recuperación de 25 mil casas.
La investigación de la Fiscalía establece que este documento es la pieza clave para permitir la elaboración de “juicios espejo” contra miles de derechoabientes que nunca fueron notificados; los juicios, según la investigación, eran maquilados por los despachos Molrod, Silber y Asociados, y el que encabeza Hugo Gerardo Rosales Badillo, ex secretario de gobierno de Durango.
En el caso de Marmolejo Coronado –a quien el Congreso del estado retiró el fuero la semana pasada– la Fiscalía intenta de demostrar que recibió al menos 25 millones de pesos en sobornos por parte del despacho de Rosales Badillo, pues durante los cateos realizados en diciembre pasado a los dos inmuebles donde operaban ambos despachos en Tepic, se localizó una supuesta “lista de raya” en la que se documenta la entrega de más de 53 millones de pesos a diferentes trabajadores del Poder Judicial.
Además de los dos exmagistrados, a la audiencia de imputación que inició el miércoles a las 8 de la mañana y terminó casi a las 5 de la mañana de este jueves, estaban citados los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez, a quienes se les señala como cómplices del fraude al firmar los juicios maquilados por los despachos.
Pese al llamado judicial, sólo Zamora Rodríguez acudió a la audiencia y solicitó que su situación se resuelva el próximo lunes; el juez de control aceptó la petición y le impuso una garantía de 5 millones de pesos que debe depositar antes de 10 días, tampoco podrá salir del estado y debe acudir a formar cada semana.
En el caso de los jueces que no acudieron a la audiencia, la Fiscalía podría solicitar una orden de aprehensión para obligarlos a comparecer ante el juez.