Cancún.- Por su probable participación en los delitos de lesiones culposas, delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y abuso de autoridad en agravio de nueve personas durante una protesta en Cancún, el 9 de noviembre del 2020 (9N), una jueza de control vinculó a proceso a 11 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.
Entre los mandos sujetos a proceso se encuentra el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría, quien fue separado del cargo luego de que policías bajo sus órdenes dispararon en contra de una multitud reunida aquella noche en Plaza de la Reforma, en protesta por el feminicidio de Bianca Alejandrina , conocida por sus amigos como “Alexis”.
La Fiscalía General de Quintana Roo informó este lunes que, ayer, luego de una audiencia maratónica, que concluyó esta madrugada, la jueza dictó prisión preventiva oficiosa para 10 de los 11 elementos vinculados a proceso respecto a la carpeta 765/ 2020, por haber utilizado medios violentos.
El elemento restante podrá enfrentar su proceso en libertad, no puede salir del país, ni del estado, ni de la ciudad y sólo tendrá que presentarse a firmar periódicamente en las fechas que determina la juzgadora.
Los vinculados por lesiones culposas, delitos contra los principios del Sistema Penal Acusatorio y abuso de autoridad, fueron Eduardo S, Carlos T, Roberto M, Celso B, Wilberth M, Dorian P, Nancy C, Alan H e Ignacio R, en agravio de nueve víctimas: R.S.M, W.A.G.H, G.V.Ch.Ch, R.A.B, N.Q.R.D, S.A.B.R, M.E.G.O, K.A.T.S, y A.R.I.M.
Por el delito de lesiones dolosas en agravio de J.F.R.O, se vinculó a proceso a Saúl D y a este mismo, junto con Carlos T, les imputaron el delito de robo, en perjuicio de la misma víctima.
A José C le imputaron el delito de encubrimiento en agravio de la administración de justicia y tendrá que presentarse periódicamente ante la jueza o ante la autoridad que ella designe.
Tiene prohibido salir del país, del estado o del ámbito territorial que fije la juzgadora; tampoco puede concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares -no precisados por la Fiscalía- y no debe aproximarse, convivir o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o personas ofendidas o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
La noche del 9 de noviembre, más de 11 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública -bajo la figura de Mando Único coordinado por el gobierno estatal- participaron en el ataque armado para disuadir la manifestación ciudadana que se desarrollaba frente al Palacio Municipal.
Como resultado, hay 13 víctimas ubicadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO), entre ellas, periodistas y ciudadanía que asegura que en el lugar se desplegó a un promedio de 80 agentes policiacos, que se han borrado evidencias, que se alteró la escena de los hechos, afectando la cadena de custodia y que advierten que siguen siendo presa de amenazas y hostigamiento por gente ajena a su ámbito, que les acecha.
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