Cuernavaca, Mor.- El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara fue vinculado a proceso por el delito de tortura en grado de coautoría, al ordenar someter y golpear a Luis Alberto “N” para adjudicarse un doble homicidio y un feminicidio, en abril pasado.
El juez de Control, Natanael Subdías concluyó que en el procedimiento de tortura cometido en contra de la víctima se encontraron cinco de los 11 reactivos que establece el Protocolo de Estambul, cuyo manual especifica las formas para configurar el delito de tortura.
“Por ser un caso especial no podemos ajustarnos a la mayoría de reactivos del Protocolo de Estambul para considerar si se configura el delito de tortura o no. En estos casos nos ajustamos a los elementos cualitativos”, dijo el juez y en su acuerdo declinó el caso a un juzgado federal porque la imputación la lleva la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
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Así lo determinó luego de escuchar los argumentos aportados por la defensa del fiscalía liderada por el especialista en derecho penal Gabriel Regino García, y la réplica de los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta representación legal asumió la imputación contra el fiscal desde el jueves pasado cuando los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción, responsables de integrar la carpeta de investigación y ejecutar la orden de aprehensión en contra de Carmona Gándara, se desistieron de la acusación bajo el argumento de que habían extraviado la carpeta de investigación, sin embargo, el juez federal de exigió que los fiscales argumentaran con más elementos de prueba su desestimiento.
Paralelamente la FGR exhibió una copia de la carpeta de investigación y a petición de la víctima atrajo el caso y, por consentimiento del juez, sustituyó a los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción.
A las 18:16 minutos el juez dictó la vinculación a proceso contra Carmona Gándara, luego de siete horas de audiencia y dos horas de receso, para resolver el caso. Fue una audiencia con varios recesos porque el fiscal morelense, quien siguió el proceso a control remoto, interrumpió el desarrollo al argumentar que no escuchaba con claridad la réplica de la FGR. Solo cuando hablaba su abogado oía con claridad.
Su insistencia sobre el tema lo llevó a exhibir una hija en tamaño carta con la leyenda “se escucha cortado su señoría”.
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Antes, su abogado Gabriel Regino dijo al juez que la imputación carecía de sustento porque la víctima no señala lugar donde lo torturaron y tampoco la FGR realizó una investigación exhaustiva para confirmarlo. En descargo de su cliente también puso en duda los golpes que se exhibió la víctima para acusar la tortura.
Dijo que de acuerdo con el certificado médico los golpes en su cuerpo habían sido causados durante un ataque que sufrió en una gasolinera del municipio de Huitzilac, donde un grupo delictivo también le disparó en la cabeza para asesinarlo.
Sin embargo, la FGR replicó y sostuvo que el médico que certificó a la víctima trabaja en un Centro de Salud del municipio de Emiliano Zapata con una cédula profesional que no corresponde a su nombre, lo cual evidencia su falta de profesionalismo y rigor médico.
Regino García también puso en tela de duda las huellas de golpes en costillas que certificaron peritos de la FGR en el cuerpo de la víctima, en cuyos sitios supuestamente lo sometieron a toques eléctrica.
Los toques eléctricos no dejan huellas, dijo el abogado y también pidió separar la acusación de la víctima por tortura y la presunta vinculaciónr del fiscal con un hombre identificado como Erick Delincuente, identificado como líder de un grupo delictivo en el municipio de Huitzilac.
El juez consideró qué hay elementos suficientes para suponer una planeación del fiscal en el ataque y posterior tortura de la víctima.