Por violaciones al debido proceso, el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Quintana Roo, amparó a 13 víctimas del ataque armado por parte de policías de Cancún, la noche del 9 de noviembre del 2020.
Lo anterior implica que el Congreso local debe dejar sin efecto el acuerdo del 9 de diciembre de 2021 que dio por cumplida –extemporáneamente– la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEQROO/ 020/ 2020/ II, dirigida al gobierno municipal.
La sentencia establece como parte de sus efectos que la Comisión de Derechos Humanos de la XVII Legislatura deberá declarar insubsistente dicho acuerdo, que da por atendida la recomendación y se le ordena fijar una nueva fecha y hora para la comparecencia de la persona a cargo de la presidencia municipal de Benito Juárez, con cabecera en Cancún.
La fecha se asignó para el cinco de junio próximo e incluye a las propias víctimas, quienes también comparecerán, informaron Wendy Galarza, María Oronzor y Julián Ramírez, integrantes del Comité de Víctimas del 9N.
En la sentencia se instruye a la presidenta de la CEDHQROO, Omega Ponce, a dar vista a las 13 personas agraviadas, sobre las pruebas que el ayuntamiento de Benito Juárez, aportó fuera del plazo límite que marca la ley, y que les notifique el estado que guarda el cumplimiento de la recomendación que ese organismo emitió el 30 de noviembre del 2020.
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Esa recomendación se refiere a lo ocurrido la noche del 9 de noviembre de 2020, cuando policías dispararon en contra de manifestantes que protestaban en Plaza de la Reforma, al pie del Palacio municipal, por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, “Alexis”.
Por su gravedad, el pasaje conmocionó a Cancún y trascendió a nivel nacional e internacional, ubicándose como un caso histórico de represión de la protesta, tortura sexual y otras violaciones a derechos humanos en México.
“El 9 de noviembre de 2020, policías dispararon contra una manifestación, ocuparon tortura, abusaron sexualmente de personas. El 9 de noviembre quedó marcado como la mayor represión en la historia de esta ciudad y de este estado y es increible que a la fecha, tengamos que estar aquí las víctimas, en las calles, exigiendo el más mínimo de justicia y dignidad en este estado”, recordó Julián Ramírez.
La sentencia fue dictada por el juez Séptimo, Darío Alejandro Villa Arnaíz, respecto al amparo indirecto 1559/ 2021, presentado el 31 de diciembre del 2021 por las víctimas, por actos y omisiones del Poder Legislativo, la CEDHQROO y su entonces presidente, Marco Antonio Toh; y la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Judith Rodríguez Villanueva.
“En diciembre del 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, violatoriamente, da por cumplida esta recomendación y la pasa al Congreso del estado, en donde la diputada Judith Rodríguez, la acepta como incumplida también.
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“Días antes de este cumplimiento extemporáneo, esta diputada nos dijo que no podía dar por cumplida esta recomendación porque faltaba la comparecencia de la entonces presidenta municipal (“Mara” Lezama); un mes después esta misma diputada da por cumplida la recomendación por el oficio de la Comisión de Derechos Humanos, sin atender los puntos recomendatorios y sin tomarnos en cuenta”, detalló Wendy Galarza.
En contexto, en ese año, la Comisión Legislativa dio por cumplida la recomendación mencionada, de forma extemporánea y sin notificarlo con antelación a las y los agraviados, lo cual contó con el aval de la CEDHQROO, lesionando los derechos de las 13 víctimas e impidiendo la comparecencia de la entonces alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama, actual gobernadora del estado.
El amparo se presentó en diciembre de 2021, pero después de ir y venir entre juzgados, el 23 de noviembre de 2022, se sobreseyó en audiencia constitucional.
El tema fue recurrido a través de un recurso de revisión, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, asignándole al asunto el número 44/ 2023.
En él se solicitaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso, pero la Segunda Sala del máximo tribunal declaró la solicitud 94/ 2023, improcedente y la desechó.
Luego de hacer el análisis del caso, otro Tribunal Colegiado, “ante la violación al derecho de ser escuchado en el procedimiento de recomendación”, estimó procedente revocar la sentencia del Juzgado que desechó originalmente el amparo indirecto, el 23 de noviembre de 2023.
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De este modo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la CEDHQROO deben dejar insubsistente el cumplimiento de la recomendación y fijar la fecha de comparecencia, programada para el 5 de junio.
“Casi tres años después ganamos este amparo”, dijo Galarza, seguida por Julián Ramírez, quien reprochó que las víctimas quedaron enredadas en “marañas de burocracia y tecnicismos; de tranzas y corrupción de todas las dependencias que debieron apoyarnos”.
“No hubo culpables, no hubo verdad, se cayó el juicio, permitieron salir a los violentadores y torturadores de la policía municipal. La presidenta municipal acabó como gobernadora, todo mundo se acomodó, señores, y la justicia quedó otra vez mocha. Nos damos cuenta que no pelan a las víctimas”, sostuvo, al advertir que si esta vez no se atienden sus reclamos, bloquearán la zona hotelera de Cancún.
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