Guadalajara.— Vanesa Gaytán Ochoa, la joven asesinada a puñaladas el pasado 25 de abril por su pareja afuera de la residencia oficial del gobernador de Jalisco, acudió en 16 ocasiones a buscar ayuda al Centro de Justicia para las Mujeres del estado, pero no se dio el seguimiento debido a su caso.
Así lo reveló la recomendación 38/19 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la que se detalla que la mujer de 25 años denunció la primera vez, el 21 de septiembre de 2017, violencia intrafamiliar, y la última denuncia la presentó el 13 de abril de este año; 12 días después fue acuchillada.
Ese día, Vanesa corrió a Casa Jalisco buscando ayuda porque la perseguía su esposo Irwin Emmanuel Ramírez Barajas, quien la alcanzó y la apuñaló. Minutos después, el homicida fue abatido por un escolta del fiscal del estado, quien se encontraba en la casa del gobernador en una reunión.
La comisión señaló que halló deficiencias de la autoridad ministerial al pedir de forma reiterada a la víctima que llevara testigos en cada denuncia presentada, le delegaron la responsabilidad de entregar oficios a instituciones públicas, “a pesar de conocer el riesgo” y del aislamiento en que Vanesa se encontraba.
“Fueron nulos los esfuerzos para acreditar el grado de participación que tenía el victimario y ni siquiera se intentó localizarlo o inhibirlo para que consumara conductas ilegales, lo cual, sin duda, constituyó una causa para que no sólo las agresiones en contra de la víctima quedaran impunes, sino que acabaran con su vida”, señaló la recomendación.
Además, en la CEDHJ consta de que a pesar de que se emitieron tres órdenes de protección para Vanesa, éstas no fueron adecuadas, eficaces ni precisas, ni consideraron los antecedentes de violencia de género de los cuales era víctima, por lo que no fue valorado de forma oportuna el grave riesgo que corría su vida.
“De las evidencias que integran la carpeta de investigación, no se advierte que el personal del Ministerio Público siguiera una línea de investigación clara y seria que pretendiera acreditar el delito y sancionar al responsable”, indicó el documento.
Por lo anterior, la defensoría solicitó a las autoridades estatales que se inicien procesos de responsabilidad administrativa en contra de 12 funcionarios públicos por las omisiones y negligencias cometidas.
También solicitó apoyo necesario para que la madre y el hijo de la joven asesinada puedan adquirir una vivienda propia, reciban atención sicológica y reconstruyan su proyecto de vida.
Además, se solicitó al Poder Legislativo del estado hacer las reformas necesarias para homologar la definición de órdenes y medidas de protección en el estado.
