Las autoridades ministeriales de Veracruz mantienen abiertas tres líneas de investigación sobre el asesinato de la alcaldesa de Jamapa , Florisel Ríos Delfín (PAN-PRD).
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga, por un lado, la relación del crimen con conflictos internos en el ayuntamiento. Por otro lado, indaga una denuncia del síndico contra la presidenta por presunta corrupción, que derivó en la toma del Palacio Municipal; y, por último, se investiga también la intervención de la administración estatal a fin de no interrumpir el servicio a la población.
En conferencia de prensa, García Jiménez confió en que la FGE dará con los responsables materiales e intelectuales, sin dejar espacio a la impunidad el crimen ocurrido ayer miércoles.
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Sobre el desarme a la Policía Municipal, el gobernador precisó que es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la institución que proporciona el permiso colectivo.
Sin embargo, al no estar acreditados los elementos, el gobierno estatal no puede permitir que porten las armas porque incurriría en una ilegalidad.
El Ejecutivo de Veracruz afirmó que la alcaldesa rechazó recibir protección y la acusó de encubrir a su prófugo esposo y de impedir la operación de la policía estatal en su demarcación para que la corporación municipal cometiera ilícitos.
Aseguró que la presidenta municipal no quería la presencia de la policía estatal desde la administración anterior, encabezada por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, y rechazó el asentamiento de delegaciones policíacas.
“Cuando enviamos operativos dijo que no, no intervengas. Entonces, es contradictorio. ¿Qué entendemos? Que la policía municipal estaba actuando de manera indebida, no quería presencia de otra corporación y finalmente se determinará que sucedió”, dijo.
Admitió que solicitó una reunión con el secretario de Gobierno, pero durante un evento le hizo ver que estaba mal porque no podían brindarle armamento a elementos que estaban siendo investigados.
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Y la acusó de encubrir a su esposo, el director del DIF, quien es señalado de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y está prófugo de la justicia.
“Si ella encubría a su esposo, en ese momento era su responsabilidad porque tenía conocimiento de la orden de aprehensión y debía actuar con autoridad”, agregó.
Y cuestionó que la alcaldesa no regularizzara a su policía municipal desde hace tres años si temía por su vida.
El mandatario estatal morenista rechazó cualquier cambio de funcionarios en su gabinete y defendió al secretario de Gobierno, Eric Cisneros.
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