Xalapa.— Al interior del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, organismo creado el año pasado, se detectaron irregularidades en el manejo de los recursos públicos y hasta anomalías fiscales y laborales.
En diversas auditorías practicadas a la corporación, cuyo presidente hasta hace una semana fue Sergio Vázquez Jiménez, se encontraron violaciones a distintas leyes locales y un mal uso de dinero público durante el ejercicio fiscal de 2018.
En documentos que integran el pliego de observaciones de la Cuenta Pública de 2018, entregados a una docena de servidores públicos, se descubrió que funcionarios de dicho sistema asignaron de manera ilegal un contrato en licitación pública.
Además, que Sergio Vázquez Jiménez, Alma Delia Hernández Sánchez, Mercedes Santoyo Domínguez y José Emilio Cárdenas Escoboza, integrantes del organismo, recibieron pagos por sus servicios sin que mediara un contrato de por medio ni comprobaciones de sus actividades.
Los auditores encontraron que se dejaron de pagar impuestos federales y estatales, se contrató personal sin pagarle seguro social, se reclasificaron de manera ilegal puestos para que pudieran ganar más salario mensual y se adquirieron bienes sin un programa de licitaciones.
Al respecto, el presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, José Emilio Cárdenas Escoboza, rechazó que las irregularidades sean actos de corrupción, son, dijo, simples “observaciones” que deberán ser solventadas.
“Me parece, de entrada, que habría que matizar los términos, no son necesariamente actos de corrupción, son cosas que se tienen que solventar”, manifestó el integrante del Comité Ciudadano, quien encabeza a dicho sistema.
Una de las anomalías más graves fue la Licitación Simplificada para la adquisición de bienes informáticos por un millón 259 mil pesos, compuesta por 20 partidas, cuyo contrato fue asignado a la empresa Grupo Informático de Xalapa.
Los especialistas encontraron que el proveedor que cumplía con las especificaciones técnicas era Alejandro Amaro Rodríguez, el cual quedó fuera del contrato.
Tampoco se elaboró un programa de adquisiciones y arrendamientos para el ejercicio fiscal 2018, por lo que no existió un instrumento normativo que regulara la compra de diversos bienes e inmuebles por 2 millones 173 mil pesos, entre otras irregularidades.