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La aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que contempla la figura de los súperdelegados de los estados para el próximo gobierno federal, fue criticada por priístas de Tabasco y Guerrero, ya que a su parecer tendrán una función más de carácter político-electoral.
En Tabasco, la diputada federal del PRI, Soraya Pérez Munguía, acusó que con la modificación se abren las puertas a la corrupción y se convierten en un obstáculo para el desarrollo económico, debido a que se privilegiarán los perfiles político-electorales por encima de los técnicos en el nombramiento de los titulares de las delegaciones federales, ahora llamadas Oficinas de Representación en los estados.
Estas representaciones estarán bajo el mando de los superdelegados, que dependerán de la Presidencia, y es una forma de ir construyendo estructuras electorales: “Ya no tienen perfil ni siquiera les pedirán licenciaturas, es un perfil político-electoral, es un ejército de candidatos que van a estar preparando”.
Consideró una incongruencia que a quienes tendrán la alta responsabilidad de encabezar las dependencias federales no se les pedirá requisito para el cargo público, pero a todo el personal que está adscrito a la delegación sí se le exigirá que cumplan con los perfiles y la evaluación del Servicio Civil de Carrera.
En Guerrero, el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, consideró que la aprobación de los súperdelegados es un retroceso que atenta contra el federalismo y la Constitución, ya que entre los gobernadores y el Presidente no debe haber intermediarios.
Criticó que Morena haya utilizado su mayoría para aprobar este cambio que fortalece el centralismo, lo que es un retroceso: “Desde hace años se logró que la educación y la salud se descentralizada, que las decisiones se tomaran desde los estados y ahora vendrán a tomar decisiones personajes que tendrán muchas funciones y responsabilidades”, indicó.
En Hidalgo, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el morenista Ricardo Baptista calificó como positiva la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, pues con ello se tendrá garantía de que los programas sociales aterricen en los beneficiarios.
Consideró importante adecuar el marco legal para que los delegados rindan cuentas al Presidente, ya que, dijo, serán los representantes del mandatario para que los programas sociales se apliquen en los estados.
El tema de fondo, dijo, es que ni los gobiernos del PRI ni del PAN han dado garantías de que los programas lleguen a donde debe de ser, el manejo de estos siempre ha sido discrecional.
