Cuernavaca.— A pesar de que de 2012 a 2021 se han registrado más de 20 crímenes de odio, los diputados locales no han aprobado las reformas al Código Penal de Morelos para que estos sean tipificados como delitos, lamentó el representante de la comunidad de la diversidad Sexual, Isidro Añorve Sánchez.
Tras los hechos en los que fue asesinado José Miguel “N”, mujer trans identificada como Valentina Sodi en un bar de su propiedad en Temixco, Añorve Sánchez exigió a la fiscalía el esclarecimiento de lo que califican como “transfeminicidio”.
El representante de la comunidad señaló que Valentina Sodi fue la impulsora de la primera marcha de la diversidad sexual en Temixco y la impulsora del matrimonio igualitario en su municipio.
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, Isidro comentó que en Morelos no hay un marco jurídico o legal en el Código Penal que permita a la Fiscalía General del Estado (FGE), investigar estos casos como feminicidio.
Acusó que los diputados locales fueron pocos efectivos en temas de la diversidad sexual, específicamente, para tipificar los crímenes de odio que se quedó en medio de pugnas políticas.
“Hubo la disposición para sacar otras como fue la Ley Orgánica Municipal para que las direcciones fueran obligatorias y las terapias de conversión ya son tipificadas; sin embargo, esa en específico no vio la luz y si hubiera visto la luz el escenario de lo ocurrido en Temixco sería distinto, porque se hablaría de la posibilidad de que la fiscalía inicie una investigación por crimen por odio y a lo más que se puede aspirar es que la investigación vaya por la línea de feminicidio”, comentó.
En tanto, organizaciones sociales anunciaron el proyecto “Incorporación con Enfoque de diversidad sexual en los centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley”.
Denisse Rentería Cervantes, representante de la organización “ALGARAZA”, explicó que el proyecto tiene como objetivo incorporar el enfoque de diversidad sexual en centros de internamiento para adolescentes, ya que la población LGBT privada de la libertad constituye un grupo en situación de vulneración que requiere estrategias de restitución de derechos específicos.
