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Culiacán. – Con la orden de aprehensión girada contra Dámaso López Serrano “El Minilic” , quien se encuentra preso en Estados Unidos, renace la esperanza de que el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas no quedará impune, dijo el director del Semanario Río Doce , Ismael Bojórquez Perea.
Señaló que se percibe un nuevo avance en este caso que se ha visto semiparalizado por cuestiones de tipo legal, con la solicitud de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de que se expidiera una orden de detención del hijo de Dámaso López Núñez “El Lic.”
Bojórquez Perea expuso que la familia de Valdez Cárdenas y sus compañeros de trabajo en el Semanario, además de medios de comunicación, vieron con beneplácito que uno de los implicados en el homicidio fue trasladado de un centro penitenciario de Baja California al reclusorio federal de Guasave.
Sin embargo, los continuos aplazamientos del desarrollo de la audiencia intermedia en el que se les sigue a los presuntos homicidas , Heriberto “N”, alías "el Koala" y Juan Francisco “N”, alias "el Quillo", han desmoralizado a los que buscan que se haga justicia.
Recordó que Javier Valdez Cárdenas, cofundador del Semanario Río Doce, fue asesinado de varios disparos el 15 de mayo del 2017, en la Calle Riva Palacio, en la colonia Jorge Almada.
Las investigaciones abiertas llevaron primero a la detención, en abril del 2018, en la ciudad de Tijuana de "el Koala", de 26 años de edad, originario del municipio de San Ignacio.
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Su cómplice en el homicidio del periodista, "el Quillo", fue notificado de su detención en el interior de una prisión de Baja California, donde se encontraba recluido al ser detenido por delitos federales el 24 de agosto del 2017, en Mexicali.
El jueves pasado, en esta ciudad, en una breve audiencia intermedia, el Juez de Control que conoce la causa, Edgar Rafael Juárez, a petición de los abogados imputados por el homicidio del periodista , por quinta ocasión volvió a diferir la audiencia para el 27 de febrero de este año.
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Los abogados de los imputados, ambos originarios del municipio de San Ignacio, Sinaloa, expusieron que dado que se incorporó nuevos datos a la investigación, los cuales no les dio tiempo de revisar y cotejar, requerían de un nuevo plazo para que estos no puedan afectar la sentencia que se emita a sus representados.
En su intervención, los representantes de la Fiscalía Federal observaron que se trata de prácticas dilatorias en el juicio, por lo que no se ha podido avanzar en este caso.
