Veracruz.— A un año de que se emitió una declaratoria de emergencia por desaparición de personas en el estado, organizaciones civiles ven pasos claros y contundentes, pero también asignaturas pendientes en la identificación de cuerpos, búsqueda de fosas y depuración de mandos policiacos.
Colectivos de búsqueda de desaparecidos en la entidad reconocieron que ha sido positiva la creación de leyes y comisiones dotadas de presupuesto para los rastreos de personas, derivadas de la declaratoria emitida por Cuitláhuac García Jiménez en su primera acción como gobernador.
En esa ocasión, el mandatario local anunció la Declaratoria del Programa Emergente —primera en su tipo en el país—, con la que llamó a organizaciones internacionales —incluida la ONU— y a la sociedad civil a intervenir en Veracruz para apoyar a las miles de personas afectadas.
La presidenta del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Gaona, destacó las mesas de diálogo que mes con mes se llevan a cabo con el gobernador, pero apuntó que la inseguridad sigue siendo un punto neurálgico.
“No hubo mes que no habláramos con él directamente. Ha habido pasos claros y avances contundentes”, expuso.
De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos ocho años suman al menos 601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, con 518 cuerpos, 560 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas, tanto hombres, mujeres y niños.
Para las integrantes del Colectivo Solecito y de la Red de Madres Veracruz se carece de avances en las investigaciones de cerca de 3 mil desapariciones, avanza lenta la identificación de alrededor de mil cadáveres en la Fiscalía General del Estado (FGE) y no hay depuración de mandos policiales vinculados con grupos delictivos.
“Es necesario buscar estrategias, una de ellas es sanear las corporaciones policiacas con exámenes de control muy estrictos, que se contrate más personal y haya cámaras de vigilancia que funcionen”, estimó la presidenta del colectivo.
La activista afirmó que otro tema pendiente son los mecanismos de identificación de cuerpos en fosas, pues refirió que en las 17 instalaciones de los Servicios Periciales de la fiscalía y en dos frigoríficos permanecen un total de 975 restos humanos sin identificar.
La integrante de la Red de Madres Veracruz, María de Lourdes Rosales Calva, acusó que no hay avances en las carpetas de investigación de casos de desapariciones forzadas en la FGE: “Apenas hace una semana y media tuvimos la primera entrevista con la fiscal [Verónica Hernández Giadáns] y no hay avances en los casos. Hubo cambios en el Ministerio Público, quitaron a todos los fiscales. Todo es nuevo ahora”, lamentó.
EL UNIVERSAL buscó a la encargada del despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, y a la directora de la Cultura de la Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Mayra Ledesma Arronte, para conocer su versión, pero declinaron opinar.