Ciudad de México.— Desde hace varios años, en la selva de Chiapas es un secreto a voces que los miembros de la comunidad lacandona, integrada por indígenas tzeltales y lacandones, están inmersos en el tráfico de migrantes del Caribe, África, Centroamérica y Sudamérica, así como en el trasiego de marihuana y cocaína.
Esto se confirmó el 1 de septiembre de 2021, cuando miembros de la comunidad lacandona detuvieron y desarmaron a cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete de la Guardia Nacional, quienes habían detenido un día antes a dos hombres que transportaban migrantes rumbo a Palenque.
Los siete soldados, los cuatro agentes y dos niños, hijos de un oficial del INM que habían llegado a la comunidad Frontera Corozal a visitar a su padre, estuvieron cautivos durante cinco días en el poblado El Chikle, muy cerca del río Usumacinta.
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En este hecho participaron elementos de la Policía Comunitaria de Lacanjá Chansayab, uniformados como elementos de la Policía Municipal de Ocosingo, al que pertenece ese lugar.
De las antiguas aldeas de Frontera Corozal, San Javier, Nueva Palestina y Lacanjá, con casas de techos de paja y muros de caña, ya no quedan vestigios. Hoy las calles están pavimentadas y hay casonas de colores vistosos. Los lugareños conducen camionetas todo terreno con vidrios polarizados y con los estéreos a todo volumen con narcocorridos.
Por las noches, caravanas de vehículos tipo Urvan circulan a toda velocidad por la carretera fronteriza, que enlaza la selva con Palenque, con decenas de migrantes a bordo que son llevados hacia los límites con Tabasco.
El 16 de diciembre de 2022, lacandones y tzeltales detuvieron, desarmaron y desvistieron a soldados de la 15 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) de Lacantún, en las inmediaciones de Lacanjá Chasayab.
Los soldados se habían rezagado de un grupo que transportaba cocaína decomisada al cuartel, cuando tzeltales y lacandones armados con fusiles de asalto los rodearon. “De aquí no se van mientras no devuelvan el cargamento”, amenazó uno de ellos.
El hombre al mando obligó a un soldado a grabar un video con su teléfono para pedir el intercambio de él y sus compañeros —12 en total—, junto con sus armas, a cambio de que les devolvieran la droga.
Los mandos militares que recibieron la grabación en sus teléfonos aceptaron devolver la droga y fueron liberados los soldados.
A principios del segundo semestre de 2021 se registró el aterrizaje de una avioneta en los alrededores de la comunidad Lacanjá Chansayab. Cuando los soldados llegaron a Bonampak, a unos 20 kilómetros, lacandones y tzeltales los detuvieron y los obligaron a retirarse.
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El 20 de marzo pasado, durante una visita a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que “en la Lacandona, cerca de Bonampak, hay pistas clandestinas; están manejadas por uno de los cárteles. Están aterrizando aviones con droga”, dijo el Mandatario.
Los miembros de la comunidad suscribieron una carta, en la que aseguraron que en el área que administran “no se tiene [detectada la presencia de] pistas clandestinas” para la descarga de estupefacientes. “El pueblo no tiene acuerdo alguno con los narcotraficantes”, declararon.
El presidente del comisariado de los bienes comunales de la Lacandona, Chankin Kinbor Chambor; el subcomisariado Enrique Andrade Vázquez y el subcomisariado de Nueva Palestina, Emilio Bolón Gómez, alegaron que su preocupación es la conservación de la biodiversidad de las 331 mil hectáreas. Sin embargo, los comuneros y los activistas dicen otra cosa.
La fama de los lacandones ha remontado no como los encargados de preservar la selva, sino por un narcocorrido del grupo Extremo Norte, en el que se presume el desembarco de cocaína en la Lacandona: “En la Selva Lacandona hay una fiesta privada... Y lista para el otro viaje quedó la avioneta blanca”.
Un activista que trabaja en la biosfera y pide no ser identificado, asegura que entre Nuevo San Gregorio y Candelaria han sido expulsadas 50 familias por no estar de acuerdo con el uso del territorio “para actividades ilícitas”.
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El 25 de enero, elementos de la Fuerza Aérea, de la base El Copalar, y la Guardia Nacional se tras-ladaron en helicópteros a 18 kilómetros al noroeste de San Quintín, donde hallaron una aeronave tipo jet, con capacidad para transportar más de una tonelada de carga. Encontraron dos hombres armados, uno de ellos menor de edad, que resguardaban 270 kilogramos de cocaína.
“Para eso sirven las reservas de biosfera”, bromea el activista. Explica que a pesar de que la Lacandona está militarizada, es muy difícil llegar al punto donde bajan las avionetas con droga.