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Xalapa.— El exgobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, y el actual fiscal general de la entidad, Jorge Winckler Ortiz, serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de tortura cometido contra el exdirector general de los Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza.
El abogado defensor del exfuncionario, Jorge Reyes Peralta, informó que procederán luego que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) comprobó que fue torturado en las gestiones de ambos políticos.
En conferencia de prensa, dijo que “la recomendación emitida por el organismo determinó que funcionarios de la fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales están involucrados en la tortura”.
Anunció que tras el fallo de la CEDH presentará una denuncia ante la FGR contra Yunes, Winckler, así como del fiscal anticorrupción, Marcos Even, y del fiscal de desaparecidos, Eduardo Coronel.
Recordó que la tortura es considerado un delito grave e incluso de lesa humanidad, y puso como ejemplo al exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien es buscado en el mundo por ese mismo ilícito.
El viernes pasado, la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz determinó que funcionarios de la fiscalía estatal cometieron tortura contra un exservidor público detenido. En el documento se solicita al fiscal general que inicie una investigación contra funcionarios por haberse comprobado que violaron la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, la CEDH ordenó pagar una compensación económica al exfuncionario por los daños y sufrimientos derivados de los actos de tortura de los que fue víctima.
La defensa de Aguirre Garza también denunció al fiscal anticorrupción del estado, Marcos Even Torres Zamudio, y al fiscal especializado para la atención de denuncias por personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa.
Reyes Peralta, presidente de del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., dijo que el exservidor público fue torturado para ser obligado a declarar contra otros exfuncionarios.
Aguirre Garza, catedrático, fue detenido acusado de desaparición forzada por, supuestamente, haber alterado en enero de 2016 el hallazgo de 13 cadáveres en el municipio de Emiliano Zapata.
La defensa dice que fue detenido por venganzas políticas del gobernador saliente, Yunes Linares, y del fiscal Jorge Winckler.