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Tijuana.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana anunció que interpondrá un amparo en contra del Congreso de Baja California a fin de frenar la creación de una comisión especial para realizar una consulta ciudadana sobre la ampliación de la gubernatura, al considerar que esa medida no tiene ningún sustento legal.
Desde la oficina del organismo, el presidente y vicepresidente Roberto Rosas Jiménez e Ignacio Ochoa Alldredge, explicaron en conferencia de prensa que el jueves pasado los consejeros votaron a favor de interponer el recurso legal antes de que termine esta semana para evitar el desgaste de capital humano y de recursos públicos.
Ochoa Alldredge detalló que la consulta ciudadana no es de carácter vinculatorio porque no cumple con los requisitos y viola disposiciones para ser oficial, en principio porque la figura de consulta ciudadana no existe, y la que es utilizada se llama consulta popular.
También dijo que no tiene validez legal porque ninguno de los mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana contempla consultar a la ciudadanía en temas electorales. La alternativa sería realizar un referéndum para conocer su opinión, pero la Legislatura no tiene facultades para aplicar esa opción, tendría que ser otra institución.
El 22 de agosto, la Cámara local aprobó con 17 votos crear una comisión especial que defina las condiciones para realizar una consulta pública que, según los resultados, servirá para decidir si la reforma al artículo octavo del decreto 112 que amplía la gubernatura de dos a cinco años, es enviado al Ejecutivo estatal para que lo publique en el Periódico Oficial de Baja California.
“Si bien la consulta es al margen de la ley y no es vinculante, en realidad es una manera de enredar un poco la controversia y que se olvide el tema de la Ley Bonilla y se enfoquen en la consulta”, dijo.
Para Rosas Jiménez la actuación del Congreso estatal ha sido una agresión y una burla hacia los ciudadanos al responder a los cuestionamientos con evasivas y justificaciones como la pérdida del documento de la reforma, para evitar su publicación, y así retrasar los recursos legales que no pueden proceder hasta que la ampliación esté registrada en el Periódico Oficial.