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Oaxaca.— Han pasado 18 años de la reforma al artículo segundo constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas, en 2001, y desde entonces ni el Estado mexicano ni las entidades federativas del país han creado la Ley de Consulta Indígena, entre otras, a la que obliga esta modificación.
A través de la interposición de un amparo por tres indígenas de Oaxaca con la asesoría de Litigio Estratégico Indígena, el Tribunal Colegiado de Cholula ordenó —el pasado 4 de abril— al Poder Legislativo del estado construir esa ley consultando a los pueblos sujetos de esta legislación y les fijó como plazo máximo el 30 de septiembre de 2019 para su aprobación.
El presidente de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura del Congreso del estado, César Morales Niño, sin embargo, rechazó que haya sido un emplazamiento, dijo que es un ordenamiento para iniciar con los trabajos de construcción de esa ley. Y en eso están, declaró a EL UNIVERSAL.
“Hay una resolución de la Suprema Corte en la que los Congresos deben informar permanentemente los trabajos que están realizando en torno a la aprobación de la Ley de Consulta Indígena”, agregó.
Pero antes, apuntó, primero debe aprobarse cuál será el protocolo para realizar esas consultas, “porque ahora toda la política pública que involucre a los pueblos indígenas tiene que pasar por consulta y estamos analizando si ésta será a través de foros, opiniones, encuestas o de qué otra forma”.
Contradicciones. “El primer paso para abordar esa ley es crear el protocolo para ver cómo se va a consultar a los pueblos indígenas para la aprobación de esta ley; se tiene que acordar entre los involucrados, en este caso es el Congreso del estado, dependencias del gobierno estatal y federal, así como los órganos electorales”, explicó el diputado César Morales.
El presidente del Congreso de Oaxaca aseguró que han hecho reuniones de manera interinstitucional y en el interior del Congreso; son cuatro comisiones las que tienen a cargo la Ley de Consulta Indígena: Migración, Pueblos Indígenas, Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. También informó que se realizarán al menos ocho foros regionales para la creación del protocolo y la mencionada ley.
La abogada de Litigio Estratégico Indígena, Mariana Yáñez Unda, sostuvo, en cambio, que los legisladores oaxaqueños han sido omisos en convocar a un panel de expertos para la creación de esta ley y evitar que se haga al vapor, que no refleje las aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas o que sea francamente regresiva.
Señaló que la legislación deberá ajustarse a los estándares de la sentencia de amparo y a los internacionales, porque de no ser así, el Poder Judicial de la Federación tendría por no cumplida la sentencia, y ante el incumplimiento lo procedente es la destitución de los diputados y la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Federación, lo que generaría una crisis constitucional en Oaxaca.
