Las congregaciones de menonitas en Quintana Roo y Coahuila tienen procesos administrativos en su contra que podrían derivar en sanciones de las autoridades ambientales por no respetar la normatividad de medio ambiente y cambiar el uso de suelo de sus hectáreas sin los permisos correspondientes y devastar la vegetación forestal para realizar sus cultivos; pero, representantes de esas comunidades rechazan haber causado daño y aseguran estar en regla.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha señalado que los menonitas no están exentos de cumplir con la ley, y advirtió que no habrá una hectárea más devastada por parte de estas congregaciones. El titular de la dependencia, Guillermo Haro Bélchez, realizó en julio pasado un sobrevuelo en la región de Bacalar, Quintana Roo, por los ejidos de Paraíso, El Bajío y San Fernando, donde constató las afectaciones a la vegetación de la zona e informó que estas comunidades están sujetas a procedimiento penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por afectar mil 445.4 hectáreas de terreno forestal sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Agregó que de no presentar la autorización de cambio de usos de suelo de terrenos forestales se impondrá una sanción económica equivalente a 3.7 millones de pesos y la restauración la superficie afectada.
Sin embargo, en Quintana Roo, la comunidad de menonitas de Salamanca se deslindó de las afectaciones al medio ambiente. Johan Doerksen, comisariado ejidal de Salamanca, afirma que son una “comunidad de gente de bien que está luchando por trabajar para sus familias y preservar sus costumbres”. Explicó que ellos llegaron de Belice a este lugar hace más de 15 años y gustan de vivir de manera conservadora, pero reconoció que las nuevas comunidades provenientes de Chihuahua tienen un estilo de vida “más moderno”.
En tanto, las comunidades asentadas en el predio Comanche, en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila, aseguran que tienen todo en orden. “No nos pueden multar. Tenemos todo en regla”, aseguró Juan Froese, uno de los menonitas residentes, quien admitió que desconocía de los permisos para desmontar, pero dice que en 2014 todo se ordenó y pagaron los permisos por lote. “Nos arreglaron los papeles”, recalca.
Caso Coahuila
Para llegar a la comunidad Comanche, en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila, se necesita viajar 80 kilómetros de terracería desde la carretera Camargo-Ojinaga. La cabecera municipal está a 100 kilómetros de la peor terracería. La zona urbana más cercana (Camargo, Chihuahua) está a 150 kilómetros. Hasta acá vinieron a parar 26 familias menonitas, la mayoría de La Honda, Zacatecas, y unos pocos de Cuauhtémoc, Chihuahua. Llegaron para dedicarse a la agricultura, a la siembra de algodón, principalmente.
Los menonitas han comprado desde 2009 alrededor de 12 mil hectáreas en esta zona. Juan Froese, residente y miembro de esa agrupación, dice que en este desierto antes ni moscas volaban.
“Ahora, aquí hay mucho trabajo para todos”, platica Juan, vestido con camisa a cuadros, gorra y overol de mezclilla. Él siembra algodón y alfalfa; tiene vacas, chivas y borregas.
“No nos pueden multar. Tenemos todo en regla”, asegura con tono confiado. Admite que desconocía de los permisos para desmontar, pero que en 2014 todo se ordenó, y que pagaron los permisos por lote, pero no recuerda cuánto dinero.
Al cuestionarle dónde desmontaron, sin tapujo indica: “Todo esto era pura hierba, mezquite pequeño”.
En tanto, Pedro Martens, juez de la pequeña comunidad menonita, tiene seis años en Comanche y siembra 100 hectáreas de algodón. “Tuvimos que buscarle tierras porque no había de dónde sacar la comida, allá se llenó de gente”, cuenta Pedro sobre su salida de Zacatecas. En Comanche vive con su esposa y uno de sus nueve hijos que tiene. El resto viven en Canadá y asegura que de allá le mandan dinero porque acá en México no alcanza.
Sobre la denuncia de la Profepa, respalda que tienen todos los permisos y muestra el oficio SGPA-UARN/799/COAH/2014 con la supuesta firma de Raúl Fernando Tamez Robledo, delegado federal de la Semarnat en Coahuila, donde les confirman que el suelo del predio no es forestal o preferentemente forestal, por lo que las características son “propicias para realizar actividades agrícolas”.
El funcionario refiere que dicho oficio nunca fue expedido, que el domicilio está equivocado y que no es su firma. “La Profepa me consultó y lo negué. A nadie le decimos que no requiere un cambio de uso de suelo”, asegura. Explica que con la existencia de vegetación forestal, por muy poca que sea (como mezquites, por ejemplo), los obliga a solicitar un cambio de uso de suelo. Cada familia menonita que compró hectáreas desmontó para levantar sus casas y bodegas.
Cornelio Martens, un menonita de 30 años, no habla sobre la multa de Profepa porque no sabe de qué trata. Con su overol de mezclilla y sombrero, sigue trabajando como quien no tiene mañana. “La vamos a seguir trabajando”, asegura sobre la tierra. “Vamos a hacer una colonia menonita porque tenemos mucha gente y la nueva gente quiere trabajar. Venimos a echarle ganas”, platica entusiasmado.
Los menonitas parecen no conocer mucho sobre la demanda. Lucen hasta indiferentes. Parece que sólo piensan en trabajar las tierras y no molestar a nadie.
Tienen amparo: abogada
María Dolores Ortiz, abogada de la comunidad menonita, asegura que las multas todavía no son exigibles porque interpusieron un juicio de nulidad y un amparo para que no se dictaran las resoluciones. Argumentan que el suelo no es forestal y que existía el permiso para desmontar.
Considera que la multa de la Profepa fue muy alta. “Los menonitas se asentaron y les gusta producir. Les dijeron que el suelo no era forestal, no tiene la característica de un suelo forestal”, debate.
La abogada, en cambio, cree que existe mucho favoritismo hacia la mina que está situada en Hércules, a 12 kilómetros de la comunidad, pues añade que incluso la denuncia ante la Profepa fue interpuesta por la empresa.
Los mismos pobladores de Hércules platican que la mina no quiere a los menonitas. “Los quieren correr, no los quieren porque dicen que se están acabando el agua”, platica un despachador de gasolina.
“Piensan que los menonitas se van a acabar el agua, cuando la realidad es que utilizan un sistema de riego avanzado, es de lo mejor”, explica la abogada.
Añade que los menonitas han sido engañados. Ortiz explica que Comisión Federal de Electricidad (CFE) les recomendó una empresa para instalar las líneas. La empresa recomendada les otorgaría un crédito, pero al final les robaron 6 millones de pesos.