Más Información
La Fiscalía General de Quintana Roo informó este jueves que los amparos obtenidos por María Rosa Yolanda Angulo , madre del ex gobernador de Quintana Roo , Roberto Borge Angulo , y Caudia Romanillos, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), quedaron sin efecto, por lo que en cualquier momento pueden ser detenidas por la policía ministerial.
Mediante un comunicado, la dependencia, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solicitó la cooperación de la ciudadanía de Quintana Roo y de fuera del estado para que brinde información si han visto o tienen información de las dos mujeres para lograr su detención.
"Dicha fiscalía especializada solicita la cooperación de la ciudadanía para que le informe si ha visto o tiene información de los dos imputados, ya que se encuentran en calidad de ser detenidos para rendir cuentas a la justicia quintanarroense".
Rosa Yolanda Angulo y Claudia Romanillos
son investigadas por la compra-venta fraudulenta de varios predios propiedad del estado en la Isla de Cozumel los cuales fueron adquiridos a un costo menor de su precio real cuando Roberto Borge, era mandatario en el estado caribeño.
Hace unos meses, le embargaron un total de 22 propiedades a la señora Angulo despojadas del patrimonio de Quintana Roo, a fin de resarcir el daño patrimonial y se había amparado para evitar enfrentarse a la justicia.
Los amparos sin efectos son el 300/2018 y el 302/2018.
En abril pasado, la delegación del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) de Cancún, embargó 22 predios en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, a la señora Angulo Castilla, por orden de un juez de control, que giró el oficio 1576/ 2018, a la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan), el 15 de marzo.
El cuatro de abril, la dependencia estatal notificó al Juez de Control de primera instancia, radicado en Chetumal, que la inscripción de embargo se concretó en los predios.
El embargo forma parte de una medida precautoria, decretada por la Procuraduría General de la República (PGR), a razón de la carpeta de investigación que se inició el año pasado por la denuncia penal interpuesta por la Consejería
ml
