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El Congreso de Quintana Roo presentará 27 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de 84 ex funcionarios —algunos de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo y municipales— por malos manejos y desvíos de recursos públicos del orden de 11 mil 813 millones.
El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por los diputados Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión; Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, y el titular interino de la Auditoría Superior del estado, Manuel Palacios Herrera.
El auditor interino recordó que a través del acuerdo del pleno del Congreso estatal, aprobado el 17 de febrero de 2017, se ordenó la cumplimentación de las auditorías de 2015, así como las que se deben realizar por mandato de ley de 2016, por lo que se concluyó que sí hay elementos para proceder contra 84 funcionarios de los dos niveles de gobierno implicados en los presuntos delitos.
“Estas denuncias son por un importe total de 11 mil 813 millones de pesos, en las que estarían un total de 84 funcionarios estatales y municipales”, explicó el funcionario.
Detalló que estas auditorías realizadas suman 160 cajas como parte del expediente que tiene más de 300 mil hojas.
Palacios Herrera explicó que existen cuatro caminos a seguir cuando se detectan inconsistencias o irregularidades en el manejo de recursos públicos:
“Tenemos prácticamente cuatro caminos a seguir con las revisiones: el primero, a través del pliego de observaciones; el segundo, procedimiento administrativo de responsabilidad sancionatoria; el tercero, procedimiento del órgano interno de control de la entidad de que se trate y, el cuarto, contemplado en ley, cuando se infiriera que existieran desvío de recursos, daño al patrimonio de la hacienda pública estatal o municipal y denuncias de carácter penal ante la autoridad respectiva”, indicó.
“No hay auditoría que tenga un sesgo de carácter individual; sin embargo, debo señalar que este trabajo no lo realiza una persona, lo realiza un equipo de compañeras y compañeros dentro de la institución, el cual, podemos afirmar, es profesional”, comentó.
En tanto, el diputado Ramos Hernández recordó que se solicitaron estas auditorías porque las anteriores no se completaron y se realizaron con premura, pero aclaró que el reporte de éstas pueden ser constitutivas de delito.
Por su parte, el legislador Eduardo Martínez destacó el hecho de que, por primera vez en el estado, queda claro que las instituciones locales funcionan y dan resultados.
