Zacatecas.— Tras una serie de omisiones e incumplimientos de las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) al dejar de pagar durante unos 15 años las contribuciones al ISSSTE, el adeudo actualmente rebasa los 3 mil millones de pesos.
“Esto es muy grave y preocupante para los sindicalizados, porque compromete la seguridad social, el fondo de vivienda, jubilaciones y diversas prestaciones de los agremiados”, advierte Jenny González Arena, dirigente del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ).
Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión que la UAZ acumula adeudos millonarios en cuanto a la seguridad social, hace 20 años fue por más de mil 500 millones de pesos que debía a la Secretaría de Hacienda y al ISSSTE.
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En esa ocasión, EL UNIVERSAL documentó que en el periodo 2004-2008, la UAZ recurrió a la Federación para solicitar un rescate financiero y en pago dio al ISSSTE varios edificios y se comprometió a una reestructura financiera bajo diversos programas de calidad y planes de austeridad anuales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jenny González, quien hace siete meses aparte de convertirse en la primera mujer que dirige el SPAUAZ y sufrir violencia política de género, también se ha convertido en una férrea crítica de la actual administración del rector Rubén Ibarra Reyes, quien revela que todo indica que desde 2008 se dejó de pagar varias prestaciones, por ello, hoy exige a la autoridad que informe detalladamente el adeudo histórico.
Incluso, esta es una de las demandas en el pliego petitorio que presentó el pasado 13 de diciembre ante las instancias laborales, donde se emplaza a huelga a la UAZ para el 16 de febrero, en cuyo documento, aparte de que se pide un incremento salarial de 15%, también se presentan 24 cláusulas de incumplimientos al contrato colectivo.
En un punto se aborda el tema de la seguridad social, donde se señala que se ha incumplido con la obligación de la parte patronal de retener y entregar la cuota obrera, así como pagar 5% en la aportación de vivienda al FOVISSSTE; así como 2% del salario para el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Para “reparar esta violación”, se exigió que se entregara a más tardar el 31 de diciembre de 2023 el convenio de reconocimiento de deuda y forma de pago que formalizó la UAZ y el ISSSTE, además de pedir el documento en el que gobierno del estado acepta fungir como aval de la universidad para el pago de las obligaciones derivadas de ese convenio, pero esto no se cumplió.
En un informe del ISSSTE que se obtuvo por medio de acceso a la información, se especifica que, hasta el mes de septiembre del año pasado, el adeudo de la universidad con este instituto ascendía a 3 mil 127 millones de pesos.
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El monto más alto —equivalente a 53.32% del total de la deuda— es lo relativo al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez con mil 667 millones 447 mil 228 pesos y periodos sin cubrir desde 2008 a 2021. El segundo adeudo (35.85%) es lo correspondiente al ISSSTE Asegurador con mil 121 millones 72 mil 842 pesos que contemplan varias quincenas desde el año 2012 hasta 2022. Mientras que el adeudo al Fovissste que equivale a 10.83% y es por 338 millones 558 mil 565 pesos con periodos no cubiertos de 2014 a 2023.
El ISSSTE refiere que se han realizado negociaciones para regularizar el adeudo con varias mesas de diálogo que se iniciaron en 2022, mismas que no se han concluido.
Ante el recurso del emplazamiento a huelga, apenas el 3 de enero, el rector Rubén Ibarra depositó una respuesta ante el Tribunal Laboral, en la que pide al SPAUAZ la conciliación bajo el diálogo para evitar la huelga, sin embargo, para la parte sindical esto no es una respuesta concreta, ya que en el pliego petitorio se establecía una calendarización de fechas con la parte patronal para atender cada uno de los puntos y problemáticas, entre ellos, la información relacionada a los adeudos históricos al ISSSTE.
Contrataciones sin evaluaciones
Jenny González señala que el rector no ha mostrado un diálogo ni apertura con la actual administración sindical. Al postularse, dice que su candidatura no fue bien vista por Rectoría, incluso su triunfo causó sorpresa al ganar por una leve diferencia de dos votos contra su principal contrincante, pero eso demostró que los maestros querían un cambio.
Asegura que “no trae padrinos”, sino una responsabilidad de todo ese grupo de académicos que sólo quieren salvar al sindicato, por ello, en estos meses se han realizado auditorías y se han encontrado una serie de irregularidades detectadas tanto en el interior del sindicato como de la Rectoría y advierte: “El SPAUAZ ya no será manejado al antojo ni beneficio del patrón [Rectoría], sino en beneficio y defensa de los agremiados”.
Otra de las irregularidades que señala la líder sindical es que Rectoría ha contratado 300 personas en puestos de confianza y 812 docentes que son empleados por honorarios, además de que hay mil 500 maestros que ingresaron a la universidad desde 2007 pero, aunque están dados de alta en el ISSSTE, no tienen aperturadas sus cuentas individuales, porque la universidad no paga seguridad social.
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Irregularidades en préstamos
El pasado 6 de diciembre, el gobernador David Monreal Ávila y el rector Rubén Ibarra informaron en un comunicado que se habían reunido con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, para obtener recursos para el cierre del ejercicio fiscal y pagar salarios y aguinaldos a los universitarios.
Cabe mencionar que en 2022, para cubrir el cierre de fin de año, Rectoría reconoció públicamente que se había recurrido a un préstamo de 90 millones de pesos otorgado por el SPAUAZ. Al respecto, Jenny González dijo que “esas acciones eran irregulares”, ya que las dirigencias sindicales anteriores usaban el dinero de los ahorros de los docentes depositados en la figura de una fundación para otorgar préstamos a la Rectoría, cuando esa decisión no correspondía a la dirigencia del SPAUAZ, sino a la Coordinadora de Delegados en una asamblea.
Explica que en el año 2000 el sindicato creó una sociedad mutualista para un sistema de ahorros de los docentes, pero una década después se transformó en una fundación con reglamentos y estatutos para una mejor capitalización, ya que ahí se deposita 1% del salario de cada docente, pero exclusivamente los agremiados son los que tienen derecho de solicitar préstamos bajo tope de cantidades y plazos, “porque es un dinero de los maestros, no es del sindicato, ni es de Rectoría”.