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Oaxaca de Juárez.— La investigación de 2 mil 850 casos que contienen denuncias por presunta corrupción en los gobiernos estatal y municipales de Oaxaca se encuentra estancada por la falta de recursos y autonomía presupuestal de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
De acuerdo con el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca (SECCO), las más de 2 mil 800 denuncias actualmente son atendidas por un solo policía investigador, resultado de la falta de presupuesto y de autonomía de la fiscalía, que sigue sin contar con recursos propios.
Adán Córdova Trujillo, presidente del SECCO, señaló que esto significa que el avance en las indagatorias se encuentra detenido. Explicó que del universo de casos, 53% corresponden a señalamientos contra autoridades municipales, cuyos presuntos actos de corrupción significan un probable daño al erario de más de mil millones de pesos.
Del resto de casos, 12% del total son investigaciones contra funcionarios estatales de diferentes sexenios, por daños al patrimonio público que se calculan en más de 2 mil 500 millones de pesos.
Entre los casos que actualmente ocupan al SECCO destacan dos exhortos que aprobó por unanimidad, el primero fue dirigido a la Secretaría del Medio Ambiente Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), para que la dependencia aclare la contratación de la compañía Alianza Empresarial Larbin, en el manejo del basurero municipal de Oaxaca de Juárez.
El otro tiene como destinatario al Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), por la presunta compra de un boleto de avión con recursos públicos para el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Venustiano González Ilescas.
Calvario por recursos. En su última sesión, los integrantes de este órgano colegiado en Oaxaca acordaron gestionar ante la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), “las veces que sean necesarias”, la autonomía operativa, presupuestaria y financiera para impulsar la labor de la Fiscalía Anticorrupción.
Desde agosto de 2018, los integrantes de la 63 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron dotar de autonomía “presupuestaria, financiera, técnica y de gestión” a la Fiscalía Anticorrupción, lo que finalmente no se ha concretado. El 19 de febrero pasado, la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa) respaldó a Jorge Emilio Iruegas Álvarez, su homólogo en Oaxaca, pidió que se respete el mandato del Congreso, y solicitaron a las autoridades que se hiciera lo conducente para que la fiscalía contara con lo necesario para continuar y fortalecer sus funciones en la entidad.
Fue en ese contexto que el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca acordó impulsar esa misma petición de autonomía ante los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad.
El sistema anticorrupción de Oaxaca está integrado por los titulares de siete dependencias encargadas de la rendición de cuentas, como la Secretaría de la Contraloría, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIPO), y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), entre otros.
