Guadalajara, Jalisco
En Calzada de Todos los Santos del panteón Guadalajara, sobre la lápida 3-I una inscripción habla del destino de la mayoría de los cuerpos que durante meses, años incluso, permanecieron amontonados en un par de cajas de tráiler con refrigeración en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF): “Hermana, hermano, tú que tienes a quien llorar, no te olvides de mí, aquí yacemos cientos de víctimas de la violencia y la descomposición social. Una oración por nosotros, por amor”.
A un año de la contingencia que presuntamente inició el 14 de septiembre de 2018 con el periplo de uno de estos tráileres por la zona metropolitana de Guadalajara, las cifras siguen sin cuadrar y aunque hay personas señaladas como responsables directas del mal manejo de cadáveres, sólo una funcionaria ha sido vinculada a proceso por el arrendamiento irregular de los contenedores.
Entre el 14 y el 17 de septiembre el tráiler deambuló de una bodega en Tlaquepaque a un predio a cielo abierto en Tlajomulco, luego a una bodega de la Fiscalía de Jalisco en la zona industrial de Guadalajara y, finalmente, llegó a los patios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Por el lado del gobierno, la administración estatal —entonces encabezada por el priista Aristóteles Sandoval—, intentó minimizar la situación con cifras falsas.
Primero se informó que en el tráiler sólo había 157 cuerpos y todos estaban correctamente resguardados, que habían sido procesados para su posterior identificación; sin embargo, una fotografía filtrada a los medios de comunicación demostró lo contrario: en el interior de la caja del tráiler los cadáveres se apilaban en bolsas negras, como si fueran basura.
Después se admitió que en realidad había 273 cuerpos en el primer tráiler, pero se ocultó la existencia de un segundo contenedor; finalmente las autoridades estatales reconocieron que en el segundo vehículo había 49 cuerpos y que, en total, en las instalaciones del IJCF había 444 cadáveres de personas sin identificar.
La presión de las familias
Desde que se hizo público lo que ocurría en el IJCF con los cadáveres en los tráileres, miles de familiares de personas desaparecidas de varios estados del país se presentaron en la dependencia para buscar a sus parientes; muchos de ellos ya había acudido antes, pero la respuesta siempre fue negativa aunque el cuerpo de su familiar estuviera ahí.
El informe de la CEDHJ detalla que los cadáveres en los tráileres permanecieron en el IJCF entre cinco y 42 meses. Datos obtenidos a través de solicitudes de información indican que entre septiembre y diciembre de 2018 acudieron al instituto 5 mil 162 personas buscando a un familiar desaparecido y, en ese mismo periodo, se logró la identificación de mil 445 personas fallecidas que ingresaron a la morgue por distintas causas.
La presión que comenzaron a ejercer los colectivos de familias de personas desaparecidas obligó a las autoridades a crear una comisión de inhumaciones para vigilar que, antes de ser llevadas a un cementerio, se completaran adecuadamente las fichas de identificación de las 444 personas no reconocidas que permanecían en el IJCF.
En noviembre se informó que de los 444 cuerpos, 380 fueron inhumados en gavetas del panteón Guadalajara y 64 fueron entregados a sus familiares tras ser reconocidos.
Nuevamente las cifras no concuerdan: en el panteón Guadalajara se utilizaron 400 gavetas para inhumar los cuerpos que se acumularon durante la contingencia, ocho de ellas fueron reabiertas para entregar los cadáveres a quienes los reclamaron y 30 fueron donadas a personas que tras identificar a sus familiares dijeron no tener posibilidad de trasladarlas a otro sitio.
Ayer, a un año de la crisis forense revelada en Jalisco, ésta no ha sido superada y se agrava, consideró el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que solicitó la intervención de instancias nacionales e internacionales para atender esta situación.
La organización afirmó que el reciente hallazgo de 119 bolsas con restos humanos en Zapopan enciende de nuevo las alertas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues “sigue presente el rezago y acumulación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas, su capacidad de brindar un trato digno a los cuerpos sigue rebasada y los procesos de identificación y atención a las víctimas no son realizados de manera adecuada”.
Cepad recordó que además de los casos de los tráilers y las bolsas con cuerpos, se suman los hallazgos de más de 207 fosas clandestinas entre el 1 de enero de 2009 al 14 de agosto de 2019, la incineración de 1581 cuerpos sin identificar, así como la donación de más de 900 cuerpos no identificados a instancias educativas del estado.
El pasado 20 de marzo, al anunciar la estrategia para combatir la desaparición de personas en el estado, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, informó que hasta el 8 de marzo se tenía un registro de 7 mil 117 personas desaparecidas o no localizadas, y acusó que el gobierno de su antecesor priísta Aristóteles Sandoval había maquillado las cifras, puesto que sólo se habían reportado 3 mil 362 personas desaparecidas o no localizadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aún sin castigo
En su informe, la CEDHJ señala como responsables de lo ocurrido al entonces fiscal del estado Raúl Sánchez Jiménez; Maricela Gómez Cobos, entonces fiscal central; Fausto Mancilla Martínez, quien era fiscal regional; José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito de la fiscalía; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la Fiscalía; Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la fiscalía; Luis Octavio Cotero Bernal, entonces director general del IJCF; Eduardo Mota Fonseca, quien era director del Servicio Médico Forense, y a Francisco Javier Ortega Vázquez, entonces coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del instituto.
Aunque Sánchez Jiménez y Cotero Bernal fueron removidos de sus cargos tras los hechos, hasta ahora las autoridades estatales sólo han procedido en contra de quien fuera coordinadora de Administración de la Fiscalía General, Yolanda Salomé Santiago Villela.
A la exfuncionaria se le imputa el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pues sin haber un contrato pagó 222 mil pesos como renta por las cajas refrigerantes a las empresas Logística Montes y Cold Red Transport.
Ambas cajas fueron destruidas por petición de la CEDHJ y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado (Coprisjal), a pesar de que colectivos de familiares de desaparecidos y organismos civiles se oponían a su destrucción por ser parte de una investigación.