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Cancún.- Después de reunirse con la alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama , para conocer los avances de las investigaciones por la represión de policías, quienes dispararon en contra de una manifestación ciudadana pacífica, el 9 de noviembre de 2020 (9N) , la organización Amnistía Internacional México calificó el encuentro como infructuoso y las víctimas directas reiteraron que la autoridad municipal sigue sin dar respuestas.
A la reunión privada -que se desarrolló la tarde-noche de ayer, durante cuatro horas en promedio- acudieron la directora ejecutiva de AI-México, Edith Olivares Ferreto; Wendy Galarza, María García, Julián Ramírez y otras víctimas directas.
Del lado oficial estuvieron Lezama Espinosa, la secretaria general del Ayuntamiento, Flor Ruiz; el jefe de asesores, Heyden Cebada; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Rubén Oyarvide Pedrero y otras y otros funcionarios.
El objetivo fue la revisión del cumplimiento de la recomendación 20/ 2020 que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO) , giró a Lezama Espinosa el 30 de noviembre de ese año, la cual contabilizó a 13 víctimas directas, por la violación a los derechos humanos a la libre manifestación y expresión; a la información, a la libertad y seguridad y a la integridad, en su modalidad de trato cruel y degradante.
El documento, admitido por la presidenta municipal, estableció 10 medidas -parcialmente cumplidas o incumplidas- de reparación del daño para la rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición a favor de las personas agraviadas, quienes se constituyeron después como Comité de Víctimas 9N.
“Realmente no hay nada, seguimos en la misma. Hay un compromiso de una nueva reunión, pero no tenemos la certeza de que vaya a ser así en este año. La reunión sirvió para abrir un espacio que esperamos que sea de diálogo, a partir de diciembre. El Comité 9N hará un listado de peticiones, lo enviaremos al gobierno municipal y nos reuniremos en diciembre para ver cómo darán seguimiento.
“El día de hoy no llegamos a ningún acuerdo, mas que ese y esperamos que este sea el principio del fin de lo que sucedió el 9N”, declaró Olivares Ferrreto, quien dijo que se marchaban insatisfechas luego del encuentro, durante el cual el gobierno municipal responsabilizó de la agresión armada al gobierno estatal, como coordinador del Mando Único policial, cuya operación sigue sin quedar clara.
Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL
La activista dijo que no existe definición sobre las responsabilidades de quién dio la orden de disparar, porque el estado y el municipio “no se ponen de acuerdo” en cómo operó el Mando Único esa noche específicamente.
“El ayuntamiento señala que es la Fiscalía la que hace la investigación y que ellos le han brindado toda la información (…) Llama la atención que el secretario de Seguridad Pública del estado (Lucio Hernández), reconoce que fueron vergonzosos y lamentables los hechos que ocurrieron el 9 de noviembre; él mostró disposición a que hubiera cambios que garanticen la no repetición”, manifestó
Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el jefe policiaco, con excepción del relevo de su antecesor, Alberto Capella Ibarra -en funciones aquella noche, pero ausente de la escena- el Consejo de Honor y Justicia eximió de toda responsabilidad a efectivos estatales.
“No hay procesos de baja y al igual que el ayuntamiento, dicen que ellos brindaron toda la información a la Fiscalía”, comentó la activista.
A nivel municipal se relevó del cargo a Eduardo Santamaría, quien junto con otros 10 elementos fueron vinculados a proceso, pero mediante medidas legales dilatorias han evadido la prisión preventiva oficiosa, conforme a lo declarado por el Comité de Víctimas 9N.
“Me permito decir que la narrativa del gobierno municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública no coincide en cuanto a las responsabilidades y cómo se administra el Mando Único en este municipio; y no hay claridad, por lo menos nosotras tampoco la tenemos y no estoy segura de que las autoridades de gobierno tengan claridad de quién fue la persona que dio la orden.
Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL
“La Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene una narrativa sobre las implicaciones del Mando Único, señalan que la decisión se tomó para formar a las policías municipales y el gobierno municipal considera que las personas que pudieron haber tomado una decisión (esa noche) era la policía estatal. No es claro quién dio esas órdenes y cuál era el papel del Mando Único ese día”, resaltó Olivares Ferreto.
La única certeza, subrayó, es la responsabilidad del Estado mexicano -entendido como las autoridades estatales, municipales e incluso las federales- en las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 9N.
Al respecto, Wendy Galarza manifestó que están a la espera de verdad y justicia. “Nosotras no somos quién para determinar quiénes fueron los responsables; somos ciudadanos de Quintana Roo y son las instituciones las que tienen que determinar quiénes son los responsables de estos hechos; llevamos un año sentándonos en mesas de trabajo con las autoridades, pero todo ha sido una simulación”.
Al término de la reunión se solicitó una entrevista con la alcaldesa -quien se mantuvo dentro de las oficinas del Instituto Municipal de Planeación- para conocer la postura oficial sobre la reunión, pero no hubo ninguna respuesta.
Olivares Ferreto añadió que hoy tendrán una reunión con la Fiscalía, con la CEDHQROO, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) y con legisladoras y legisladores; y fue solicitado un encuentro con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien no ha abierto el espacio.
“El gobernador no se sirvió atender en esta oportunidad, esperamos que nos atienda en otra oportunidad y si no insistiremos para el mes de diciembre”, sostuvo.
La noche del 9N
Hoy, hace un año, colectivas feministas, familiares y amistades de Bianca Alejandrina, “Alexis” , realizaron una manifestación para protestar por el feminicidio de la joven, desaparecida el 7 de noviembre y encontrada, muerta, al día siguiente.
Parte del contingente arremetió, en un primer momento, contra instalaciones de la Fiscalía General del estado (FGE) y después, caminaron hacia el Palacio municipal, cuya fachada fue intervenida con pintas, para luego romper los ventanales exteriores de las oficinas y vulnerar la protección de las puertas centrales, para ingresa por la fuerza.
En respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio -operados bajo el Mando Único- salieron de los costados del edificio a disuadir la protesta, abriendo fuego en contra de la multitud, conformada por infantes, adolescentes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, quienes corrieron en estampida hacia la avenida Tulum, intentando huir de la policía.
Foto: Elizabeth Ruíz / Cortesía
Durante la persecución, los agentes municipales golpearon a personas, hirieron de bala a dos periodistas, Cecilia Solís y Roberto Becerril; Wendy Galarza fue alcanzada por dos balas; María fue víctima de tortura sexual, al igual que otra joven, cuya identidad ha preferido no hacer pública; Julián Ramírez fue golpeado; a Gloria Ch. le abrieron la cabeza.
“A este momento no hay ninguna autoridad que haya sido sancionada por los actos de represión y tortura sexual que sucedieron el 9 de noviembre pasado, y un reclamo -que acompañamos desde el Amnistía Internacional- de las víctimas del 9N es que todavía no se sabe quién dio la orden de disparar armas de fuego en el Palacio municipal y quién dio la orden de torturar sexualmente a algunas de las mujeres.
“Hay responsables, pero no sabemos quiénes son. Además después del 9 de noviembre se abrió un proceso de violencia institucional hacia las personas que se manifestaron dignamente y con justicia el día 9 de noviembre. A partir de ahí y hasta el día de hoy, 364 días que no han tenido verdad, justicia, ni reparación y por el contrario han sido violentadas por el Estado mexicano en la representación de los diferentes órdenes de gobierno”, expresó Olivares Ferreto, de Amnistía Internacional.
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afcl
