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Cancún.- El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” exigió a las autoridades proceder conforme a la ley si Uber cumple su intención de reponer sus servicios en Cancún, lo cual consideró una “amenaza” que busca confundir a la población y constituye una “provocación” a sus agremiados para generar situaciones de violencia.
“La amenaza de Uber representa una grave y abierta provocación hacia los socios concesionarios y operadores de este gremio, alentando situaciones que pudieran generar violencia por la disputa en el pasaje, para después hacerse pasar por víctimas ante la opinión pública, cuando en realidad son ellos los que en primera instancia se pasan la Ley por “el arco del triunfo” y lo hacen de manera premeditada y alevosa.
“(…) Estaremos atentos para exigir que se aplique todo el peso de la Ley contra quienes infrinjan y operen de manera ilegal. No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de los trabajadores del volante organizados, sus fuentes de empleo y su patrimonio, por lo que estaremos preparados para emprender acciones contundentes a favor de la familia taxista”, advirtió el Sindicato.
Ayer, Uber México anunció que retornaría a Cancún a partir de hoy, luego de poco más de un año de haber suspendido sus servicios. La empresa dijo que su retorno se basaría en el exhorto que el Juzgado Cuarto de Distrito envió el 26 de marzo pasado al gobierno de Quintana Roo, para que les permitiera reanudad operaciones.
Sin embargo, ayer mismo, dicho juzgado resolvió negar el amparo que Uber promovió en octubre de 2018, en contra de disposiciones y algunos artículos de la Ley de Movilidad, vigente desde julio del año pasado, que consideraba inconstitucionales.
Contrario a los argumentos de Uber, el Juez Cuarto , Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez , determinó que el servicio de transporte que se contrata a través de plataformas tecnológicas o digitales sí es un servicio público y que el Congreso tiene la facultad de definir qué es y no, un servicio público.
“Exigir concesión a los particulares que prestan el servicio, no resulta una medida que vulnere el derecho a la igualdad, libre competencia y concurrencia, pues es una obligación impuesta a todos los prestadores del servicio público de transporte en el estado (…)
“Es infundado sostener que al incluir el servicio de transporte que se contrata a través de plataformas tecnológicas o digitales, como una categoría más del servicio público de transporte, el legislador quintanarroense se extralimitó”, se lee en la resolución.
En consecuencia y, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Movilidad, para ofrecer sus servicios nuevamente, Uber debe tramitar y obtener una concesión para ofertar el servicio de transporte público, expedida por el gobierno estatal, a través de su Instituto de Movilidad (Imoveqroo) y no el permiso que solicitó en enero pasado.
“La amenaza de Uber para reiniciar operaciones en Cancún, obedece a una medida desesperada de la transnacional ante el fallo del Juez Cuarto de Distrito del Estado de Quintana Roo, respecto al juicio de amparo 1428/2018, a favor de los trabajadores del volante, por lo cual el único fin es el de generar confusión y conflictos entre taxistas, gobierno y sociedad en general, pisoteando una vez más el estado de derecho”, reprochó el Sindicato, que afirmó que de reponer sus servicios, la empresa estaría violentando la ley.
Postura de Uber-México
En contraparte, Uber-México señaló mediante un breve comunicado de prensa que actualmente existe una suspensión definitiva emitida por un juez federal, dentro del amparo que interpusieron.
Sin embargo, no precisaron la fecha de esa suspensión y si es posterior a la resolución del juez que sobreseyó el amparo y lo negó ayer, con excepción del tema de la prohibición para que puedan cobrar en efectivo.
La empresa también invocó el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso de Yucatán, en donde determinó que la Empresas de Redes de Transporte (ERTs) como Uber son un modelo distinto al transporte público tradicional y, por tanto, deben operar con regulaciones distintas y acordes a las características de su modelo de negocio.
Uber también mencionó que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) determinó que los servicios de ERTs son resultado de los avances tecnológicos y constituyen un nuevo producto en el mercado, sugiriendo que debido al impacto positivo que tienen, la prestación de estos servicios debe reconocerse formalmente como una nueva categoría de movilidad o transporte que se brinda entre particulares.
No obstante, el juez Cuarto consideró en su resolución que la Constitución Mexicana deja en manos de cada estado, a través de su Congreso, la definición de qué es o no transporte público, por lo que no importa que en otras entidades las plataformas digitales o electrónicas que brindan el servicio de transporte sean consideradas privadas.
La aplicación para solicitar el servicio abre pero indica que no existen vehículos disponibles. Al marcarle destino y origen, responde que está en busca del viaje, pero después de un tiempo indica que la solicitud ha vencido.
afcl
