Tepic, Nay.
Lustros de malas administraciones y uso discrecional de los recursos generaron en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) una crisis financiera que obligó a las autoridades universitarias a negociar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) la entrega de 500 millones de pesos extraordinarios para poder cerrar 2019 a cambio de implementar una serie de reformas administrativas.
En esa coyuntura el gobernador del estado, Antonio Echavarría García, promovió una reforma a la Ley Orgánica de la UAN que fue aprobada el pasado 4 de enero sin mayor discusión por el Congreso local, algo que fue considerado por la comunidad universitaria como una violación a su autonomía.
El paquete de enmiendas pondera las actividades académicas por sobre las administrativas, establece el voto universal de la comunidad universitaria como mecanismo para elegir al rector, crea el Consejo de Educación Media Superior, da facultades a la universidad para conformar y manejar empresas que puedan financiar becas e infraestructura, y declara a la UAN como patrimonio inmaterial del estado.
El rector Ignacio Peña, quien reconoce la necesidad de emprender varias reformas en la institución para evitar el manejo discrecional de recursos que causó la crisis financiera, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL que no se trata de un pleito con las autoridades estatales, sino de dos posturas distintas que buscan conciliarse.
Señaló que se trata de un asunto de forma, pues en el fondo hay puntos de coincidencia en las enmiendas aprobadas: “Por un lado proponen cambiar el proceso de elección del rector y nosotros también lo estamos proponiendo, el punto es que haya consenso en la comunidad universitaria sobre cuál es el método ideal para elegir a las autoridades. Otro punto de coincidencia es dar mayor peso a la educación media superior y se propone crear un consejo universitario para es instancia”.
En lo que hay diferencia, indicó, es en la creación de una instancia externa a la UAN, que conduciría el proceso de elección del nuevo rector y la administración de una parte de los recursos.
En este diferendo la UAN ha recibido el respaldo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quienes coinciden en que al no tomar en cuenta a los universitarios, los diputados locales y el gobernador atentaron contra la autonomía de las universidades.
Por su parte, el presidente del Congreso de Nayarit, el diputado Leopoldo Domínguez, aseguró que al reformar la Ley Orgánica de la UAN los legisladores nayaritas actuaron en el marco de sus facultades y eso no violentó la autonomía universitaria.
“Lo único que hicimos fue reformar el método de elección del rector y otros asuntos de organización que no tienen que ver con la autonomía”, señaló.
No obstante, Domínguez consideró que el Congreso no está obligado a incluir a la UAN en la discusión de esta reforma, pero se ha hecho por un asunto de cortesía política y para llegar a consensos de la mejor manera.
El rector Peña y los diputados locales sostuvieron ya una reunión en la que se explicó el mecanismo de consulta abierta que proponen las autoridades universitarias para integrar una nueva propuesta de reforma.
Peña consideró que en no más de 180 días se podría tener un proyecto de nueva normatividad para la universidad.
Malos manejos. En este contexto, el pasado 16 de enero la Auditoría Superior del Estado de Nayarit dio a conocer que en el ejercicio fiscal 2018 de la Universidad Autónoma de Nayarit, se detectó un déficit de más de 324 millones de pesos, lo que se suma al adeudo histórico que arrastra la institución por mil 644 millones de pesos.
Las observaciones más relevantes son los recursos destinados de forma injustificada a la Federación de Estudiantes (FEUAN), a los sindicatos de Empleados y Trabajadores (SETUAN), al de Personal Académico (SPAUAN) y al Unitario de Trabajadores (SUTUAN), además de los recursos asignados para becas a docentes, préstamos a sindicatos, cancelación de adeudos, pago de salarios a personal que labora en la universidad y otras instituciones, monto que supera los 194 millones de pesos.
Al respecto, el rector Peña indicó que se trabaja para demostrar con documentación cómo se ejercen los recursos de la universidad durante la presente administración.
Indicó que hay procesos en juzgados para aclarar algunas situaciones con deudas que algunos trabajadores no reconocen, además de que muchos de los montos observados tienen que ver con actividades académicas de investigadores que por algún motivo no fueron bien solventados.
En cuanto a los préstamos a los sindicatos y la federación estudiantil, señaló que se ha pedido apoyo a estas organizaciones para que comprueben cómo gastaron esos recursos o, de lo contrario, se inicien investigaciones.
Pese a los acuerdos alcanzados con la SEP en diciembre pasado tras la disolución de la huelga que estallaron los trabajadores de la UAN el 20 de noviembre por falta de pagos, la dependencia federal no ha entregado la totalidad de los recursos prometidos.
El 31 de diciembre de 2019 el gobierno federal liberó 250 millones de pesos para el pago de las quincenas vencidas, pero desde entonces no se han liberado los 250 millones de pesos con los que se pagarían los aguinaldos, por lo que la administración de la universidad tuvo que echar mano de las participaciones de 2020 para cumplir con ese compromiso.
