San Cristóbal de las Casas, Chis.- A un año del desplazamiento de más de 5 mil indígenas tzotziles de sus comunidades, por la disputa de más de 364 hectáreas de bienes comunales, entre habitantes de Chenalhó y Chalchihuitán , aún permanecen mil 237 hombres fuera de sus hogares.
En conferencia de prensa, representantes de los desplazados aseguraron que la situación que se vive en Chalchihuitán es “delicada”, porque el problema persiste y temen que al regresar a sus hogares sean atacados por los grupos armados que aun siguen en la franja territorial en disputa.
Explicaron que los mil 237 desplazados son originarios de las comunidades Pom, Kanalumtik, Chenmut, Tulantik, Pejeltón, Cruz Cacanam, Vololchojon, Tzomoltón y Cruztón, que siguen viviendo en las montañas por la presencia de los hombres armados del municipio de Chenalhó.
Esta mañana, los desplazados cancelaron la conferencia de prensa que se llevaría a cabo en Chalchihuitán, porque consideraron que las situación es “tensa”, por lo que optaron por viajar a San Cristóbal de las Casas.
Un vocero de los desplazados, dijo que la alcaldesa de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, del PAN, ha confrontado a los desplazados, “debido a su cercanía política que guarda con el gobierno municipal de Chelhó de donde proviene el grupo agresor” y que era encabezado por la ex calcaldesa Rosa Pérez Pérez, del PVEM, para provocar violencia en contra de los habitantes de Chalchihuitán.
Explicaron que los campamentos donde viven actualmente los desplazados, “se ha convertido en itinerantes debido a que las propias autoridades municipales han generado un clima de rechazo hacia nosotros como desplazados y quienes nos rentan los terrenos en los que nos ubicamos, luego nos piden que salgamos de estos sitios, por presión de las autoridades municipales”.
“Es por esta razón que algunas veces los campamentos se tornan simbólicos, porque algunas familias se refugian con familiares o han optado por rentar cuartos para recuperar algunas condiciones de vida sobre todo para las mujeres, niños, niñas y ancianos. Los hombres salen a trabajar a otras comunidades, municipios y ciudades para traer alimento a sus familias”, dijo el vocero de los desplazados.
Comentó que el 19 de diciembre, el síndico municipal de Chalchihuitán, Hermelindo García Núñez y la alcaldesa Margarita Díaz García, acordaron una reunión con el Subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, en Tuxtla Gutiérrez, pero en el evento no permitieron el ingreso de los cinco integrantes del Comité Autónomo de Desplazados.
El argumento fue que ya “se había completado el cupo de quienes podían acceder al salón, logrando entrar después de diez minutos de iniciada la reunión, debido a la intervención de la diputada local Patricia Mass Lazos”.
Pero durante el encuentro, el síndico dio a conocer que el cheque por 15 millones de pesos, que sería para la reparación de daño, del juicio agrario 364-91-33, para los habitantes de Chalchihuitán, se extravío.
Acusó de la pérdida del dinero, a los integrantes del Comité Chalchihuitle, que forma parte de la Comisión Investigadora del paradero del cheque, que se nombró el 29 de septiembre, en asamblea en Chalchihuitán.
Pero el Comité Chalchihuitle tiene en su poder un documento, donde “se avala que el cheque por los 15 millones de pesos había sido devuelto a la Secretaría de Hacienda del Estado”, en el gobierno de Manuel Velasco Coello.
Por esto, los desplazados pidieron que un clima de desorden comunitario en Chalchihuitán, poder “derivar de una confrontación interna”, todo por el “actuar violento” del síndico municipal y la omisión de la alcaldesa.
Además, “la negación de nuestra existencia como desplazados forzados internos, como acción constante del sindico municipal de Chalchihuitan, así como del gobierno del estado, para que el Estado Mexicano no cumpla con la responsabilidad que tiene de atender de manera integral el tema, así como generar acciones de desarticulación y desarme de los grupos armados de corte paramilitar que operan en la región”.
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